{"id":4049,"date":"2024-03-08T07:00:00","date_gmt":"2024-03-08T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevodigitaldeescobar.com.ar\/?p=4049"},"modified":"2024-03-07T22:52:10","modified_gmt":"2024-03-08T01:52:10","slug":"el-juicio-previsional-de-cristina-kirchner-la-entronizacion-del-abuso-del-proceso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevodigitaldeescobar.com.ar\/?p=4049","title":{"rendered":"El juicio previsional de Cristina Kirchner: la entronizaci\u00f3n del abuso del proceso"},"content":{"rendered":"

La ex presidente de la Naci\u00f3n cobra dos prestaciones de la ley 24.018, pese a que esa normativa determina claramente la incompatibilidad de ambas percepciones; por qu\u00e9 se lleg\u00f3 a la actual situaci\u00f3n y c\u00f3mo est\u00e1 la causa en la Justicia.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

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El pa\u00eds se escandaliz\u00f3 con la noticia de que la ex presidente Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner percibe dos asignaciones mensuales vitalicias \u2013como pensionada del expresidente N\u00e9stor Kirchner y como expresidente, pese a que el art\u00edculo 5 de la ley 24.018<\/a> proh\u00edbe en forma expresa acumular ambas prestaciones honor\u00edficas en una sola persona. Este art\u00edculo es clar\u00edsimo. Dice que la percepci\u00f3n de la asignaci\u00f3n ordenada en el art\u00edculo 1 (para presidente y vicepresidente de la Naci\u00f3n) es incompatible con el goce de toda jubilaci\u00f3n, pensi\u00f3n, retiro o prestaci\u00f3n graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquella por estos \u00faltimos beneficios (sic). Para tener derecho al goce de esa asignaci\u00f3n es condici\u00f3n que los beneficiarios est\u00e9n domiciliados en el pa\u00eds.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo se pudo violar la letra de la ley tan f\u00e1cilmente? En el procedimiento administrativo en el cual se procur\u00f3 remediar esta grave irregularidad, la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley intim\u00f3 a la ex presidente a optar por uno u otro beneficio y, ante su silencio, dispuso suspender el pago del \u00faltimo (no lo anul\u00f3 ni lo revoc\u00f3), tal como lo ordena el art\u00edculo 5 de la ley reci\u00e9n citada. En el ama\u00f1ado juicio previsional que inici\u00f3 la ex presidente el 19 de abril de 2017, afirm\u00f3 que la ley 24.018 solo proh\u00edbe acumular la asignaci\u00f3n mensual vitalicia como ex presidente con las pensiones del r\u00e9gimen general (aserci\u00f3n que el propio texto de la norma desmiente), y no con la pensi\u00f3n honor\u00edfica que percibe como viuda del ex presidente N\u00e9stor Kirchner.<\/p>\n

El juez de primera instancia que intervino en el caso excedi\u00f3 lo pretendido en la demanda, pues no solo declar\u00f3 nula la resoluci\u00f3n ministerial impugnada por la ex presidente con fundamento en la presunta violaci\u00f3n de su derecho de defensa en sede administrativa, sino que tambi\u00e9n consider\u00f3 \u201ccompatible\u201d<\/em> la percepci\u00f3n simult\u00e1nea de ambas prestaciones que el citado art\u00edculo 5 de la ley 24.018 proh\u00edbe expresamente (algo no pretendido por la actora en la demanda).<\/p>\n

La incompatibilidad del art\u00edculo 5 de la ley 24.018 alcanza a la ex presidente, pues cuando fue intimada por el Ministerio de Desarrollo Social a optar por uno u otro beneficio bajo apercibimiento de suspender el pago del \u00faltimo, como lo dispone esta norma, Cristina Fern\u00e1ndez percib\u00eda ambas prestaciones honor\u00edficas en forma simult\u00e1nea. Un mes antes de concluir su mandato presidencial -lo cual entra\u00f1a una irregularidad, pues todav\u00eda no hab\u00eda cesado en el cargo- la exministra Alicia Kirchner le otorg\u00f3 a Cristina Fern\u00e1ndez la asignaci\u00f3n vitalicia como presidente de la Naci\u00f3n mediante resoluci\u00f3n MDS 3193 del 23 de noviembre de 2015, que incluy\u00f3 la siguiente condici\u00f3n resolutoria (omitida en forma inexplicable por el juez y el fiscal de la causa): \u201cEn tanto no incurra [la beneficiaria] en las INCOMPATIBILIDADES establecidas en el art\u00edculo 5 [es decir, con cualquier tipo de prestaciones de la seguridad social] y 29 de la ley [supuestos de destituci\u00f3n por juicio pol\u00edtico o condena penal]\u201d<\/em>.<\/p>\n

El fiscal Gabriel De Vedia y el juez Ezequiel P\u00e9rez Nami focalizaron el an\u00e1lisis en el dictamen no vinculante de la asesor\u00eda legal del Ministerio de Desarrollo Social, que consider\u00f3 compatible la percepci\u00f3n simult\u00e1nea de ambas prestaciones, pero ambos magistrados soslayaron la citada cl\u00e1usula condicional que incorpor\u00f3 la exministra Alicia Kirchner a la resoluci\u00f3n MDS 3193\/15, apart\u00e1ndose del aludido dictamen de sus asesores.<\/p>\n

Cristina Fern\u00e1ndez consinti\u00f3 en sede administrativa esta cl\u00e1usula condicional (jam\u00e1s la impugn\u00f3), por lo que no reviste ning\u00fan sustento jur\u00eddico su argumento de que la resoluci\u00f3n de Stanley que la intim\u00f3 a optar por una u otra prestaci\u00f3n, vulner\u00f3 sus derechos adquiridos, la cosa juzgada administrativa y la garant\u00eda de la defensa en juicio (fundamento de su demanda de nulidad de acto administrativo).Y no existe violaci\u00f3n alguna al derecho de defensa pues la resoluci\u00f3n del Ministerio que intim\u00f3 a la expresidente a optar fue notificada en el domicilio constituido de su abogada Graciana Pe\u00f1afort, quien interpuso en su contra recurso de reconsideraci\u00f3n ante la Ministra de Desarrollo Social y jer\u00e1rquico ante el presidente de la Naci\u00f3n, quien lo rechaz\u00f3 mediante decreto 394\/2019 de fecha 3 de junio de 2019.<\/p>\n

La omisi\u00f3n de valorar la naturaleza precaria o condicional del segundo beneficio otorgado a la ex presidente \u2013alegada por el Ministerio de Desarrollo Social al contestar la demanda\u2013 convierte en arbitraria la sentencia por violar la regla de congruencia que todos los jueces tienen el deber de acatar bajo pena de nulidad.<\/p>\n

El juez de primera instancia afirm\u00f3 que la \u00fanica excepci\u00f3n que autoriza a la administraci\u00f3n a proceder de \u201coficio\u201d<\/em> \u2013como lo hizo Desarrollo Social\u2013 se configura cuando el \u201cinteresado hubiera conocido el vicio [la actora conoc\u00eda la incompatibilidad del art\u00edculo 5 y consinti\u00f3 la cl\u00e1usula condicional aludida] y si el derecho se hubiera otorgado expresa y v\u00e1lidamente a t\u00edtulo precario\u201d<\/em> (Considerando 1.8).<\/p>\n

El proceder totalmente ajustado a derecho de la polic\u00eda de la seguridad social -como se acaba de demostrar- convierte en falaces ambos cuestionamientos. Ahora bien, el Gobierno cambi\u00f3 de manos en diciembre de 2019 y el juicio previsional de Cristina Fern\u00e1ndez no fue la excepci\u00f3n. Los defensores de los intereses del Estado mudaron completamente su rol.<\/p>\n

El entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, dio vuelta \u201cexoficio\u201d<\/em> la opini\u00f3n de su antecesor Carlos Balb\u00edn en su dictamen del 3 de marzo de 2021. Apoyado en la sentencia del juez de primera instancia -no firme- sostuvo que la percepci\u00f3n de ambas asignaciones honor\u00edficas es compatible y ajustada a derecho. Zannini se apart\u00f3 del decreto presidencial 394\/2019 (B.O. 04 de junio de 2019), que al rechazar el recurso jer\u00e1rquico deducido por Cristina Fern\u00e1ndez contra la resoluci\u00f3n del Ministerio de Desarrollo Social N\u00b01768\/2016, ratific\u00f3 la prohibici\u00f3n de acumular ambas prestaciones.<\/p>\n

A rengl\u00f3n seguido, el nuevo Procurador del Tesoro autoriz\u00f3 a la ex directora ejecutiva de la Anses Fernanda Raverta a \u201crevocar\u201d<\/em> la resoluci\u00f3n 1768\/2016 de la exministra Stanley, cuando la sentencia de primera instancia estaba apelada y no firme. El decreto N\u00b0394\/2019, todav\u00eda vigente, jam\u00e1s fue impugnado ante la Justicia ni derogado.<\/p>\n

El d\u00eda en que el Procurador del Tesoro emiti\u00f3 su dictamen, Raverta desbloque\u00f3 la segunda asignaci\u00f3n vitalicia suspendida en 2016 y orden\u00f3 su pago inmediato a Cristina Fern\u00e1ndez, pese a que la sentencia de primera instancia no estaba firme. Pese a que este hecho irregular fue denunciado el 23 de marzo de 2021 por los legisladores que se presentaron en la causa como terceros, en procura de evitar que se consumara la indefensi\u00f3n del Estado, la Sala III y el fiscal general de la C\u00e1mara Previsional rechazaron esta intervenci\u00f3n con el argumento que no se hallaba configurada la indefensi\u00f3n del Estado, pues la Anses hab\u00eda apelado la sentencia definitiva (argumento falaz, pues todav\u00eda el apelante no hab\u00eda presentado los fundamentos de la apelaci\u00f3n).<\/p>\n

Sucedi\u00f3 lo que los terceros presagiaron; ni bien qued\u00f3 firme la resoluci\u00f3n de la Sala III que eyect\u00f3 a los terceros del proceso, Raverta \u201cdesisti\u00f3\u201d<\/em> del recurso de apelaci\u00f3n, con lo cual qued\u00f3 consumada la situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de justicia e indefensi\u00f3n del Estado.<\/p>\n

La abdicaci\u00f3n de los \u00f3rganos que deben velar por la defensa de sus intereses priv\u00f3 al Estado del derecho convencional de recurrir a las instancias superiores. Tras la reforma constitucional de 1994 el Ministerio P\u00fablico Fiscal ostenta legitimaci\u00f3n constitucional para defender en la Justicia la legalidad, los intereses generales de la sociedad, el inter\u00e9s p\u00fablico, remediar situaciones de \u201cprivaci\u00f3n de justicia\u201d<\/em> y salvaguardar la garant\u00eda del debido proceso (Constituci\u00f3n Nacional, art\u00edculo 120; ley 24.946).<\/p>\n

Es evidente que el Ministerio P\u00fablico de la seguridad social no cumpli\u00f3 su cometido constitucional y legal y que el da\u00f1o al Estado y a la sociedad por su inacci\u00f3n est\u00e1 a punto de consumarse.<\/p>\n

La exdiputada nacional Graciela Oca\u00f1a intent\u00f3 evitar este inminente perjuicio al Estado con el incidente de nulidad que promovi\u00f3 contra el intempestivo desistimiento de la Anses de su recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia definitiva, pero los jueces de la Sala III y el fiscal general de la C\u00e1mara de la Seguridad Social rechazaron su legitimaci\u00f3n procesal y la expulsaron del proceso. Oca\u00f1a interpuso un recurso extraordinario federal contra esta decisi\u00f3n, y ante su desestimaci\u00f3n por el tribunal de alzada, recurri\u00f3 en queja ante la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 2022. Germ\u00e1n J. Bidart Campos, con respecto a la legitimaci\u00f3n procesal que la c\u00e1mara previsional cuestion\u00f3 a la diputada Oca\u00f1a, puntualiz\u00f3 lo siguiente: \u201cA la legitimaci\u00f3n procesal no se la puede resolver de cualquier manera, ni recluirla en el derecho procesal, porque su ra\u00edz se afinca en el derecho constitucional. Hay casos en que, aunque la ley niegue legitimaci\u00f3n a alguien, el juez tambi\u00e9n tendr\u00e1 que reconoc\u00e9rsela \u2018contra ley\u2019, porque si se la niega en m\u00e9rito a que esa es la soluci\u00f3n que arbitra la ley, cumplir\u00e1 la ley, pero violar\u00e1 la Constituci\u00f3n\u201d<\/em>.<\/p>\n

El celebrado jurista argentino y eminente exjuez del Alto Tribunal de la Naci\u00f3n, Carlos S. Fayt, en l\u00ednea con lo expresado por Bidart Campos, precis\u00f3 el alcance de esta esclusa del derecho a la jurisdicci\u00f3n -la legitimaci\u00f3n procesal- con estas palabras: \u201dEstando en juego las propias reglas constitucionales, no est\u00e1 en discusi\u00f3n si un ciudadano titulariza o no titulariza un derecho, porque lo que pretende la persona en tal condici\u00f3n es que se preserve la fuente de todo derecho por cuanto \u2018as\u00ed como todos los ciudadanos est\u00e1n a la misma distancia de la Constituci\u00f3n para acatarla, tambi\u00e9n est\u00e1n igualmente habilitados para defenderla cuando entienden que ella es desnaturalizada, coloc\u00e1ndola bajo la amenaza de ser alterada por maneras diferentes de las que ella prev\u00e9. Este derecho es tan imposible de diluci\u00f3n, como la obligaci\u00f3n que establece el art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n Nacional.\u201d<\/em> (Fallos 313:594; criterio seguido por los ministros Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda \u201cin re\u201d<\/em> Fallos 338:249).<\/p>\n

Le cabe a la Corte Suprema y al se\u00f1or Procurador General \u2013jefe supremo del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n, cuya actuaci\u00f3n ante la justicia es \u00fanica e indivisible\u2013 el trascendente cometido constitucional de evitar que el da\u00f1o que se cierne sobre las garant\u00edas supremas quebrantadas en esta causa se torne irreparable y el proceso se convierta \u2013como preven\u00eda el c\u00e9lebre jurista Eduardo J. Couture\u2013 en la \u201ctumba del derecho\u201d<\/em>.<\/p>\n

El autor es ex juez de la Sala II de la C\u00e1mara Federal de la Seguridad Social; profesor consulto Adjunto (UBA-2019) e integrante de la Asociaci\u00f3n Civil Profesores Republicanos.<\/em><\/p>\n

(Luis Ren\u00e9 Herrero \u2013 La Naci\u00f3n)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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