El oficialismo afirmó: “No defendemos a los corruptos” y señaló que, si se aplicara esa regla, podrían verse afectados varios dirigentes.
El presidente Javier Milei presentó esta semana su decálogo de acción política en el marco del encuentro de la organización CPAC Argentina. En su séptimo punto, destacó una frase clave: “Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos vale cuatro”, y esta estrategia parece estar tomando forma ante el desafío propuesto por el kirchnerismo.
La coalición opositora busca convocar una sesión especial en el Congreso para destituir al senador Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido en Paraguay por llevar 200 mil dólares sin declarar. “Nosotros no defendemos a los corruptos, somos una fuerza nueva que no protege a nadie. Si quieren echarlo, nos parece bien. Que se aplique la misma regla para todos, se llame como se llame”, expresó una fuente del oficialismo en relación con esta iniciativa.
El bloque de La Libertad Avanza se mostró dispuesto a solicitar la destitución de todos los legisladores que enfrenten situaciones judiciales similares a la de Kueider. En este sentido, algunos de los nombres que podrían verse involucrados incluyen a Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Rodolfo Tailhade, Máximo Kirchner y Oscar Parrilli, quienes tienen procesos abiertos por presuntos hechos de corrupción o irregularidades en distintas instancias judiciales. Kueider, el senador entrerriano, permanece detenido en Asunción, junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, y se encuentra bajo prisión domiciliaria.
Fuentes del gobierno confirmaron la intención de aplicar una “regla general” que afecte a todos los miembros del Congreso con causas judiciales en curso, lo que generó una reacción en las redes sociales. Manuel Adorni, vocero presidencial, lanzó una encuesta en la red social X preguntando: “¿Está usted a favor de destituir a todos los Diputados y Senadores con causas judiciales?”. La encuesta fue rápidamente compartida por el presidente.
Por otro lado, el bloque de senadores de Unión por la Patria presentó una solicitud formal ante la titular del Senado, Victoria Villarruel, para convocar una sesión especial y tratar la remoción de Kueider, quien ha sido formalmente imputado por contrabando y permanece con prisión domiciliaria en un departamento en Asunción. Kueider, quien solicitó licencia hasta la resolución de su situación judicial, ocupa una banca que, en caso de quedar vacía, podría ser ocupada por Stefanía Cora, actual diputada provincial y referente de La Cámpora en Entre Ríos, lo que permitiría a Unión por la Patria sumar un voto más en el Senado.
El oficialismo, por su parte, argumenta que la función legislativa no solo debe basarse en la capacidad técnica, sino también en la integridad moral de los legisladores, por lo que consideran urgente tratar la remoción de Kueider. En la carta enviada a Villarruel, se plantea que el Senado está habilitado para tomar decisiones disciplinarias durante el receso parlamentario, citando precedentes de debates anteriores.
El arresto de Kueider en Paraguay generó una gran conmoción en la política argentina, principalmente porque el senador, que ingresó al Senado de la mano de Cristina Kirchner, había votado a favor de la Ley Bases. El kirchnerismo apura la destitución de Kueider con el objetivo de que la banca sea ocupada por Cora. Este revés político también despertó la reacción de Cristina Kirchner, quien involucró a Javier Milei en la polémica. El presidente aclaró públicamente que Kueider es “un problema del kirchnerismo” y tomó distancia de la situación.
Aunque en un principio La Libertad Avanza había preferido no involucrarse en el tema judicial de Kueider y dejar que la Justicia paraguaya resolviera, el pedido de sesión especial fue interpretado como un desafío político. “Somos un partido nuevo. Los que tienen más que perder son ellos, que tienen varios procesados y Cristina Kirchner está dos veces condenada”, expresaron fuentes cercanas a Milei. Además, dejaron en claro que aceptan el debate sobre la corrupción, y que, si es necesario, presentarán un proyecto de ley que aplique a todos los legisladores con causas judiciales, ya sean senadores o diputados.
