Juicio por extorsión: cinco sindicalistas, entre ellos un dirigente cercano a Hugo Moyano, serán juzgados por el bloqueo a una pyme

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal fijó las fechas del juicio para junio de 2025. Los acusados enfrentan cargos por extorsión a una pyme.

Un juicio clave para la lucha contra los bloqueos sindicales

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal ha fijado para los días 5 y 12 de junio las audiencias de juicio contra Omar Pérez, uno de los principales dirigentes del Sindicato de Camioneros, y otros cuatro sindicalistas acusados de extorsión en grado de tentativa. La causa tiene su origen en el bloqueo a un depósito de la pyme Andar Transportadora, ocurrido en 2020, con la presunta intención de forzar el pago de una deuda que, según la Justicia, no existía.

Este juicio representa un momento clave en la lucha contra los bloqueos sindicales que afectan a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina. La acusación contra los sindicalistas no solo pone en la mira a Pérez, un hombre de confianza de Hugo Moyano, sino que también podría tener implicancias mayores para la estructura del poder sindical que lidera el dirigente camionero.

Los acusados: dirigentes de confianza de Moyano

Omar Pérez, actual secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), es uno de los nombres más relevantes dentro de la estructura moyanista. En este caso, lo acompañan otros dirigentes del gremio como Omar Dutrá, secretario de Logística, y otros tres sindicalistas: Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz. Los cinco enfrentan acusaciones por haber liderado el bloqueo a la pyme Andar Transportadora, ubicada en Villa Soldati, en el marco de una disputa por una supuesta deuda con el sindicato.

El bloqueo: un reclamo sin fundamentos legales

Según la acusación, unos 15 representantes gremiales se presentaron en el depósito de la empresa en 2020, exigiendo el pago de una deuda que, según la investigación, no tiene fundamento legal. De hecho, las autoridades judiciales no encontraron pruebas que validaran la existencia de tal deuda. En su lugar, lo que se ha considerado es un acto de extorsión, por lo cual los acusados fueron procesados inicialmente por coacción en 2021 y, más tarde, elevados a juicio por el delito más grave de extorsión en grado de tentativa.

Florencia Arietto, abogada de la empresa Andar Transportadora, expresó que la notificación de la fecha del juicio es un avance importante para el caso, el cual había quedado en suspenso durante más de dos años. En declaraciones, Arietto denunció que el sindicato podría haber ejercido presiones sobre varios funcionarios para evitar que el juicio se lleve a cabo. En este sentido, la abogada adelantó que solicitó que las audiencias sean públicas y se transmitan en vivo, con el objetivo de visibilizar la situación que enfrentan las pymes argentinas frente a los bloqueos sindicales.

La figura de Hugo Moyano y el pedido de indagatoria

La causa también involucra a Hugo Moyano, a quien Arietto considera como uno de los responsables indirectos del delito, al tratarse de una estructura organizada dentro del sindicato. Si bien el juez no avanzó en este aspecto en la instancia actual, la abogada adelantó que, tras el juicio de Andar Transportadora, buscará ampliar la denuncia para involucrar directamente a Moyano, tal como lo hizo en la causa contra Carlos Acuña, otro dirigente sindical, que fue procesado por su implicación en un bloqueo a una estación de servicio en 2021.

El fiscal Mahiques: el bloqueo como un acto de extorsión

El fiscal Ignacio Mahiques, encargado de la investigación, destacó que los bloqueos realizados por los sindicalistas no solo carecían de fundamento legal, sino que su único propósito era despojar a la empresa de parte de su patrimonio en beneficio del Sindicato de Camioneros. Además, Mahiques subrayó que, aún si la deuda reclamada hubiera existido, no justifica el uso de la fuerza para forzar su pago, lo cual constituye una clara violación a las normas legales.

El testimonio de Alejandro Castell: aprietes y extorsión sindical

Por su parte, el propietario de Andar Transportadora, Alejandro Castell, relató cómo, al inicio de su actividad, comenzó a ser víctima de aprietes por parte del sindicato, que le exigía pagos por una supuesta “diferencia de kilómetros” entre 2008 y 2018. Cuando Castell se negó a pagar, los sindicalistas recurrieron a métodos de intimidación, como el envío de matones a su casa y, finalmente, el bloqueo de su depósito en Villa Soldati.

Castell recordó cómo, durante el bloqueo, uno de los sindicalistas le pasó un celular para que hablara con Omar Dutrá, quien le ofreció resolver la situación si realizaba el pago. Ante la negativa, la situación se intensificó, y el empresario terminó presentando una denuncia por extorsión contra los dirigentes sindicales, incluida la figura de Hugo Moyano. Las pruebas recabadas en el lugar, junto con las grabaciones y testimonios de testigos, fortalecieron el caso contra los acusados.

Un juicio con implicancias para el futuro de las pymes argentinas

El juicio que comenzará en junio de 2025 promete ser un hito en la lucha contra el abuso de poder por parte de los sindicatos, y podría tener repercusiones significativas en la forma en que se gestionan las relaciones laborales en el país. A medida que se acerca la fecha, tanto la comunidad empresarial como los trabajadores estarán atentos a los desarrollos del proceso judicial, que pondrá en evidencia las prácticas de extorsión que, según algunos, persisten en ciertos sectores sindicales.

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