Con el visto bueno que el Directorio del Fondo Monetario Internacional podría dar este viernes al nuevo programa por USD 20.000 millones, el Gobierno argentino se prepara para implementar una nueva estrategia cambiaria que incluirá mayor flexibilidad del dólar, aunque bajo un esquema de flotación administrada por el Banco Central.
Según trascendió de fuentes vinculadas a la negociación, el plan contempla intervenciones coordinadas con el FMI para evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio oficial. Este cambio en el modelo forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo para acceder a un desembolso inicial más alto, que se estima en al menos USD 12.000 millones, aunque no se descarta que llegue hasta los USD 15.000 millones.
¿Qué implica este nuevo esquema cambiario?
El Gobierno descarta una devaluación brusca del tipo de cambio oficial, especialmente en un contexto donde la inflación sigue siendo una preocupación. En su lugar, se eliminará el actual crawling peg del 1% mensual para pasar a un sistema de intervenciones administradas por el Banco Central, que podría o no incluir bandas cambiarias explícitas.
Además, se comprometió a desactivar el dólar blend, un mecanismo que permitía a los exportadores liquidar parte de sus ventas al dólar financiero, resignando ingresos al BCRA. Según estimaciones oficiales, esta modalidad implicó una pérdida de USD 15.000 millones para las reservas.
El objetivo final es avanzar, de manera gradual, hacia la eliminación del cepo cambiario, diferenciando entre los flujos nuevos y los stocks acumulados. La unificación total del tipo de cambio se prevé recién para después de las elecciones de octubre.
Reservas, pagos y el rol del FMI
La estrategia del Ejecutivo busca reforzar las debilitadas reservas del BCRA, que según cálculos privados, hoy se encuentran en torno a USD 12.000 millones negativos si se descuentan los pasivos. Esta situación llevó al Gobierno a acelerar los tiempos de negociación con el Fondo y buscar nuevas fuentes de financiamiento, como un posible segundo préstamo tipo REPO con bancos internacionales.
Los compromisos de deuda que enfrenta Argentina no son menores: durante los próximos años, vencen USD 14.000 millones en capital con el FMI, que comenzarán a pagarse desde fines de 2026. A esto se suman pagos de intereses por USD 2.000 millones, vencimientos con bonistas privados por USD 4.800 millones en julio y el tramo activado del swap con China por otros USD 5.000 millones.
Apoyos y gestiones internacionales
El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró recientemente que la Argentina solicitó un giro inicial superior al 40% del monto total acordado, bajo el argumento de que el ajuste fiscal y monetario ya fue implementado y que ahora el foco debe estar en recomponer el balance del Banco Central.
Desde el FMI, la directora gerente Kristalina Georgieva calificó la solicitud como “razonable”, destacando el desempeño fiscal del país. Incluso desde Estados Unidos llegaron gestos de apoyo: la congresista María Elvira Salazar, cercana al presidente Javier Milei, pidió al Tesoro norteamericano que respalde el plan económico argentino.
En un comunicado reciente, el FMI sostuvo que el nuevo programa “se basa en el impresionante progreso inicial de las autoridades en la estabilización de la economía, sustentado en un sólido ancla fiscal que está generando una rápida desinflación y una recuperación de la actividad”. La misión ahora será sostener ese rumbo, sumar divisas y avanzar con reformas estructurales en un año marcado por la fragilidad económica y el calendario electoral.
