El Gobierno avanza con la quita de subsidios a la luz y el gas para la clase media

La decisión fue acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se enmarca dentro del plan oficial para acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. El nuevo esquema excluiría a buena parte de la clase media que hoy accede a beneficios en sus facturas.

Según datos oficiales, cerca de tres millones de usuarios de clase media perderían los subsidios en el servicio de electricidad, al igual que otros usuarios que, por no haber acreditado correctamente sus ingresos, quedarían fuera de la asistencia.

Actualmente, el sistema agrupa a los usuarios en tres niveles:

  • Nivel 1: ingresos altos (sin subsidios)
  • Nivel 2: ingresos bajos (subsidio pleno)
  • Nivel 3: ingresos medios (subsidio parcial)

Del total de 16,2 millones de usuarios eléctricos registrados, 9,5 millones reciben algún tipo de ayuda del Estado: 6,3 millones se ubican en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3. En gas natural, la situación es similar: de 9,5 millones de usuarios residenciales, 5,3 millones reciben subsidios.

El nuevo régimen será aplicado de forma progresiva y, en principio, no se esperan cambios hasta fin de año, salvo que se aceleren las metas fiscales. Las autoridades consideran que la falta de información precisa sobre los ingresos reales de muchos hogares es una de las principales dificultades para definir el alcance de la nueva asistencia.

En los últimos meses, ya se aplicó una reducción escalonada en los descuentos que reciben los usuarios residenciales, como parte de este proceso de transición.

El objetivo es volver a un esquema similar al de la tarifa social vigente durante la gestión de Mauricio Macri, que distinguía simplemente entre quienes recibían subsidios y quienes no. El nuevo modelo concentrará el beneficio en una única categoría de usuarios vulnerables, eliminando los niveles actuales.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, está al frente de la implementación. Según estimaciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos bajará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, las tarifas aumentaron un 264% en electricidad y un 622% en gas para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios, de acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

En paralelo, se incrementaron los componentes tarifarios vinculados al transporte y distribución de energía, lo que permitió a las empresas del sector mejorar sus balances. Las distribuidoras, según datos oficiales, registran niveles de cobrabilidad superiores al 95%.

Otra transformación relevante en el sector tiene que ver con el futuro de CAMMESA, la compañía estatal que opera el mercado mayorista eléctrico. A través de la Resolución 21/2025, el Gobierno habilitó la firma de contratos entre generadoras y distribuidoras sin la intermediación estatal.

El nuevo modelo apunta a que los subsidios se apliquen directamente en la factura del usuario final, permitiendo que compradores y vendedores acuerden precios libremente. Sin embargo, para que ese sistema funcione, las tarifas deberán reflejar el costo real del suministro.

En los últimos meses, CAMMESA canceló una deuda de USD 1.000 millones con generadoras mediante la entrega de bonos AE38, y trabaja en un plan de pagos para regularizar otros USD 1.300 millones que deben las distribuidoras.

En paralelo, la Secretaría de Energía avanza con la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para transportistas y distribuidoras. Este proceso definirá un sendero de inversión, aumentos escalonados y un esquema de actualización mensual.

Se prevé una suba adicional en términos reales, aplicada en tres tramos, que continuará ajustando el bolsillo de los usuarios residenciales en los próximos meses.

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