El presidente Javier Milei vetó oficialmente tres leyes sancionadas por el Congreso el pasado 10 de julio. Las normativas en cuestión establecían mejoras para jubilados, una nueva moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El veto fue instrumentado mediante el Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, justo al vencer el plazo constitucional de diez días hábiles.
Las leyes vetadas son la 27.791, que proponía una actualización del 7,2% en los haberes jubilatorios y la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, con ajustes por inflación; la 27.792, que prorrogaba por dos años la moratoria previsional para quienes no alcanzan los 30 años de aportes; y la 27.793, que declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2026, creaba una pensión no contributiva compatible con empleo registrado y fijaba actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores del sistema.
Según los fundamentos del Ejecutivo, estas medidas no cuentan con financiamiento suficiente y fueron tratadas con «graves irregularidades legislativas». Además, se estima que su implementación demandaría un gasto fiscal equivalente al 1,68% del PBI en un contexto de ajuste y control del déficit.
La decisión fue refrendada por el Presidente y los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein. Desde el oficialismo se mantienen firmes en su postura: “La política del superávit fiscal es permanente”, había adelantado Milei semanas atrás en un acto en la Bolsa de Comercio.
El Gobierno nacional ahora se prepara para defender la decisión en la Cámara de Diputados, donde necesita impedir que los dos tercios de los legisladores presentes voten a favor de rechazar el veto. En La Libertad Avanza sostienen que cuentan con los votos necesarios —más de 80— para garantizar el respaldo al Ejecutivo, aunque el número final dependerá de la asistencia y abstenciones en el recinto.
Mientras tanto, el miércoles se desarrollará una sesión parlamentaria clave, donde además de debatirse los vetos, se tratarán otros temas sensibles como el financiamiento universitario, la situación del Hospital Garrahan, la emergencia en ciencia y tecnología, y reformas que afectan a organismos estatales como el INTI, INTA y Vialidad Nacional.
En paralelo, desde la Casa Rosada barajan una propuesta para negociar con los gobernadores una redistribución parcial de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un intento por descomprimir la tensión con las provincias, que reclaman mayores recursos y una nueva distribución del impuesto a los combustibles líquidos.
