En una decisión inédita para la Argentina, que podría marcar el rumbo de las políticas sanitarias a nivel nacional, el gobierno de Mendoza ha decidido judicializar el incumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación. El Ministerio de Salud provincial confirmó que ya se presentaron las primeras 15 denuncias en el fuero Civil contra padres y tutores que se niegan a inmunizar a los menores a su cargo.
La medida llega en un contexto de preocupación sanitaria generalizada. Con la reaparición de brotes de enfermedades que se creían controladas, como el sarampión y la tos convulsa, y una caída en las tasas de cobertura que perforó el piso de seguridad del 95%, las autoridades decidieron que la persuasión ya no es suficiente.
Rodolfo Montero, ministro de Salud mendocino, explicó la lógica detrás de esta ofensiva legal: la vacunación no es una elección privada, sino un acto de responsabilidad colectiva. «No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna; pone en riesgo a toda la sociedad», sentenció el funcionario, amparándose en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y la supremacía del interés de la salud pública por sobre las decisiones individuales.
Cómo funciona el proceso judicial
El protocolo, que comenzó a regir tras una reglamentación aprobada en agosto de este año, no busca el castigo inmediato, sino garantizar el derecho del niño a la salud. Una vez detectado el incumplimiento (muchas veces alertado por las escuelas), se intima a la familia. Si la negativa persiste, se da intervención a la Justicia.
Los padres denunciados son citados a una audiencia obligatoria donde equipos técnicos les informan sobre los riesgos de no inmunizar. A partir de allí, se otorga un plazo perentorio de 30 días para regularizar la situación. Si los adultos responsables mantienen su postura, se activan las sanciones.
Multas millonarias y hasta días de arresto
Lo que más ruido ha generado son las penalidades contempladas. Si bien es la primera vez que se aplica y dependerá del criterio de cada juez, el Código de Contravenciones de esa provincia habilita un abanico de sanciones severas para quienes vulneren el derecho a la salud de los menores.
Estas pueden ir desde multas económicas que oscilan entre los 84.000 y los 336.000 pesos (valores atados a unidades fijas), hasta la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales públicos. En los casos más extremos o de reincidencia, la normativa contempla incluso hasta cinco días de arresto para los tutores.
El perfil de los «antivacunas»
Desde la cartera sanitaria indicaron que el perfil de los denunciados es heterogéneo. Existen casos de desidia o dificultades logísticas, pero también un núcleo duro de familias con alto nivel educativo que rechazan la evidencia científica basándose en teorías conspirativas difundidas en redes sociales. «No hay ningún estudio científico que vincule las vacunas con los efectos negativos que se mencionan en internet», aclararon las autoridades.
Este avance judicial en la región de Cuyo enciende el debate en todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires, sobre hasta dónde debe intervenir el Estado cuando la decisión de los padres choca con la salud pública y la seguridad de la comunidad.
