En una jornada marcada por intensas negociaciones parlamentarias, el Gobierno Nacional logró este 26 de diciembre la sanción definitiva del Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Con este resultado, la administración de Javier Milei cumple el objetivo de iniciar el próximo año con una previsión presupuestaria propia, la primera que se aprueba formalmente desde 2023.
La sesión en el Senado, que se extendió hasta altas horas de la noche, validó el esquema de déficit cero propuesto por el Ejecutivo. El proyecto obtuvo 42 votos a favor, superando el piso de 37 que proyectaba inicialmente el oficialismo. Este respaldo fue posible gracias a la sumatoria de voluntades de legisladores de bloques provinciales y sectores del peronismo de provincias como Catamarca, Tucumán, Jujuy y Santa Cruz.
Coordinación y roles en el Congreso
El debate reflejó la consolidación de un nuevo esquema de interlocución dispuesto por la Casa Rosada. La estrategia legislativa estuvo coordinada por la flamante senadora Patricia Bullrich en la Cámara Alta y Martín Menem en la Cámara de Diputados. Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, actuó como el nexo principal con los gobernadores para asegurar los apoyos necesarios.
Desde el entorno presidencial destacaron que la aprobación del presupuesto sin modificaciones garantiza una «previsión seria» basada en el equilibrio fiscal. Asimismo, la Ley de Inocencia Fiscal fue calificada por fuentes oficiales como una herramienta fundamental para el plan económico de la gestión.
Próximos pasos: la Reforma Laboral
Tras este avance legislativo, el equipo de Gobierno ya pone el foco en el próximo desafío del período de sesiones extraordinarias: la Reforma Laboral. El proyecto, diseñado conjuntamente por los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado y de Economía, tiene previsto su tratamiento en el recinto a partir del 10 de febrero, tras el receso veraniego.
La sanción del presupuesto otorga al Gobierno un marco de estabilidad institucional para encarar las negociaciones de las próximas leyes de «modernización», en un contexto donde aún persiste la resistencia de sectores sindicales y bloques opositores.
