La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales tiene un presupuesto anual de $38 mil millones. Estaba bajo la cartera de Desarrollo Social. Será transferida al Ministerio de Salud. Investigan presuntos sobreprecios y licitaciones dirigidas.
La ministra Sandra Pettovello modificará una las estructuras que absorbió la flamante cartera de Capital Humano. Se trata del ex ministerio de Desarrollo Social, que ahora se llama Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y está a cargo de Pablo De la Torre.
Fue después de detectar y denunciar en la Justicia graves irregularidades en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), la oficina encargada de otorgar subsidios para la compra de medicamentos oncológicos y para enfermedades complejas como hemofilia y HIV-SIDA, entre otras. Según fuentes gubernamentales, en los próximos días Pettovello firmará las resoluciones para que el área vuelva al Ministerio de Salud, “de dónde nunca debió salir”.
“Negocios Imperdonables”
En la denuncia penal se especula que los funcionarios que pasaron por la DADSE, un área sensible que atendía a personas vulnerables que no podían acceder a drogas de alto costo o prótesis para operaciones, habrían realizado “negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles”.
El mecanismo, según se describe en la presentación penal, es “burdo” y escapa a las normas de trasparencia en las compras del Estado.
“La administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos”, destaca el escrito judicial.
Desde ese año, y por resoluciones administrativas expresas dictadas a tal fin, el trámite para acceder con los medicamentos y otros insumos de alto valor comenzaba “con el envío de un correo a una lista de contactos” desde el correo electrónico urgentedadse@desarrollosocial.gob.ar.
En uno de los párrafos más salientes, el escrito describe: “La selección de los proveedores de la DADSE a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos se realiza vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad. Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, que la administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos, sin siquiera un cuadro comparativo como exige dicha norma, por ejemplo”.
Además de las “graves irregularidades” que las autoridades dicen haber detectado, y que ya habían sido advertidas en 2019 y 2022 por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), desde Capital Humano aseguran que ese no era el ámbito idóneo para que los pacientes más vulnerables accedan a los “Subsidios para Ayudas Directas: destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos, por un importe de hasta el 50% del salario mínimo, vital y móvil” y a los “Subsidios para Ayudas de Alto Costo: destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos por un importe superior al 50% del salario mínimo, vital y móvil”, según se describe en la página web de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales.
Por esas razones, la DADSE volverá al Ministerio de Salud, cuyo responsable es el cardiólogo Mario Antonio Russo.
Pasará con la totalidad de su presupuesto -que es idéntico al de 2023- $37.985.218.890, según los datos del Presupuesto Abierto.
Para tener una idea de la importancia que tiene esa Dirección y lo relevante de las irregularidades que el gobierno de la Libertad Avanza asegura haber detectado a través de una auditoría ordenada por Pettovello, en los últimos tres años se tramitaron 61.602 subsidios directos y 17.093 subsidios de alto costo, que representaron una inversión de más de $56.000 millones.
Esos datos fueron corroborados a través de sus redes sociales por la última ministra de Desarrollo Social de Alberto Fernández, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.
En la presentación judicial que realizó Pettovello, y que recayó en el juzgado federal número 11, que está vacante por el fallecimiento de Claudio Bonadío y subroga Julián Daniel Ercolini, se denuncian los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El escrito no menciona a ningún ex funcionario de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Destaca que “abarca desde 2016, cuando se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia para reemplazar un sistema de compras de facto, hasta el 10 de diciembre de 2023″, fecha en que asumió Javier Milei y la ministra de Capital Humano decidió “auditar todas las áreas” para detectar presuntos delitos.
El escrito judicial advierte: “En 2019 y 2022, la Unidad de Auditoría Interna advirtió que el procedimiento que se estaba utilizando desde 2016 para la adquisición de drogas y otro tipo de insumos de alto costo se apartaba de las normas de compra para la administración pública nacional”. Y menciona: “Se seleccionaban medicamentos de alto costo con presupuestos informales y el procedimiento tampoco era tan rápido porque pasaban dos o tres semanas para que un paciente pudiera recibir el medicamento o el insumo que necesitaba”, explicó un funcionario de la cartera de Capital Humano.
De la denuncia que instruye Ercolini también se desprende que, si bien esa metodología “oscura e irregular” que comenzó a utilizarse durante la gestión de Cambiemos, continuó en la presidencia de Fernández.
La denuncia que menciona supuestos “negocios imperdonables” consta de 14 fojas. Ya fue ratificada ante Ercolini por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano y el magistrado solicitará, a partir de esta semana, “una batería de medidas” para acreditar lo que se asegura en el escrito y precisar quiénes estuvieron al frente de esa dirección. Carlos Rívolo es el fiscal.
La auditoría de Pettovello se nutre de dos anteriores y revela que “en algunas de las contrataciones se ha incorporado una nota por medio de la cual se notifica la postergación de la fecha de la apertura de los sobres” pero “no se evidencia en los actuados que dicha información haya circularizada a la totalidad de los proveedores invitados a cotizar”.
Es decir que las millonarias adquisiciones podrían haber estado “dirigidas”, como habría ocurrido con la compra de alimentos sólidos para los comedores comunitarios que se repartían a través de los dirigentes sociales y piqueteros, como se destaca en otra auditoría que también involucra a la ex cartera de Desarrollo Social.
El recorrido de la DADSE
Según se pudo reconstruir a través de documentación oficial, el gobierno de Macri “por decisión administrativa número 307 de fecha 13 de marzo de 2018, decidió transferir la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la del entonces ministerio de Salud de la Nación”.
El 10 de diciembre de 2019, el presidente Fernández revirtió los cambios hechos por su predecesor y volvió a dividirlos en dos ministerios. A cargo de Desarrollo Social quedó Daniel Arroyo. En 2021 asumió Juan Zabaleta y en 2022 fue designada Victoria Tolosa Paz.
Según el Boletín Oficial, a través de la Decisión Administrativa 1242 del 7 de julio 2020, se designó “a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término de 180 días hábiles a la señora Claudia Noemí Mori en el cargo de Directora de Asistencia Directa por Situaciones Especiales de la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria de la Subsecretaría de Asistencia Crítica de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social”.
Ese es el primer dato en el que se revela que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales pasó a la cartera que entonces administraba Arroyo y que ahora volverá al Ministerio de Salud. Ante la Justicia, la cartera de Capital Humano aseguró que “los pacientes que reciben los insumos no son el motivo de la denuncia y seguirán manteniendo sus medicamentos”.
(Infobae)
