El uso científico o militar de la base espacial instalada en Neuquén es una exclusiva decisión de Beijing. Las autoridades argentinas no tienen posibilidad de ejercer ningún tipo de control efectivo.
En el año 2014, el Gobierno de Argentina rubricó un acuerdo que le permitió a China la instalación y construcción de una estación espacial, la primera fuera de su territorio, en Neuquén, más precisamente en Bajada del Agrio, a 40 kilómetros del pueblo de Las Lajas, de 7.000 habitantes.
La Ley 27.123, de solo dos artículos, sancionada al efecto, estableció “la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China… en el marco del Programa Chino de Exploración de La Luna, celebrado en la ciudad de Buenos Aires, el 23 de abril de 2014″.
Este Programa crea lisa y llanamente un enclave soberano de China en Argentina.
La base, establecida sobre un predio de 200 hectáreas cedidas gratuitamente, está exenta de tributos y cargas aduaneras, incluyendo los impuestos nacionales al consumo como el IVA por un período de cincuenta años prorrogables.
Se garantiza trámite acelerado y preferencial de las visas de migraciones para los ciudadanos chinos que trabajen en la base y también se permite el uso de frecuencias de comunicación del espectro radioeléctrico nacional para que funcione su gigantesca antena.
Otorga en favor de China una zona de exclusión que abarca un radio de 100 kilómetros a la redonda de la base para las bandas por debajo de 10 GHz y de 50 km para las superiores a los 20 GHz.
Asimismo, se asegura la protección contra distintos dispositivos de radiocomunicaciones, tales como aparatos domésticos, dispositivos automotores, resultantes de zonas cercanas y se detalla a cuánto deben ascender los niveles de “interferencias para radiofrecuencias”.
Para ingresar se requiere una autorización expresa del gobierno chino, “mediante solicitud escrita remitida, como mínimo, con tres meses de anticipación”. De hecho, desde 2017, cuando terminó la construcción de la base, no hay ningún argentino en el predio, solo 30 ciudadanos chinos que trabajan y viven en la estación espacial.
Los trabajadores que provengan de China se regirán por las leyes laborales de aquel país a pesar de prestar servicios en Argentina.
La Argentina también renuncia a su jurisdicción y soberanía, cuando se señala que “toda controversia relativa a la interpretación del presente acuerdo o que surja durante la ejecución del mismo, se dirimirá amigablemente a través de los correspondientes canales diplomáticos”.
La contraprestación que Argentina obtuvo por ceder tanto es irrisoria: los científicos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) pueden visitar la estación con previo aviso y obtener datos de la antena durante 1 hora y 40 minutos diarios.
¿Civil o militar?
Si bien las autoridades chinas argumentan que sus fines son pacíficos, inquieta que la misma se encuentre bajo la órbita del Ejército Popular de Liberación. ¿Esta infraestructura no será parte del complejo Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) de la República Popular China? De ser así, el gigante asiático tendría una capacidad decisiva en la escala de proyección de poder global.
También alarma la antena instalada de 35 metros de diámetro, 16 pisos de altura y 450 toneladas de peso. Esta colosal infraestructura le otorga a la potencia asiática la capacidad de monitorear no solo los cuerpos celestes del espacio, sino también la ubicación y trayectoria de los satélites norteamericanos que recorren el hemisferio sur, interceptar comunicaciones sensibles de otros países e incluso enviar mensajes encriptados.
Al no existir un mecanismo de verificación por parte de las autoridades políticas argentinas, solo queda confiar en la buena voluntad de quienes operan la base para ser invitados a ingresar, monitorear y verificar las actividades que se realizan dentro de ella. Por extensión, todas las conclusiones a las cuales se arriben sobre sus fines estarán siempre basadas en un cierto grado de especulación e incertidumbre.
En Washington la presencia china no deja de generar inquietud
“La estación terrestre de la Patagonia, acordada en secreto por un Gobierno corrupto y financieramente vulnerable hace una década, es otro ejemplo de acuerdos chinos opacos y depredadores que socavan la soberanía de las naciones anfitrionas”, sentenció Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
En una sólida exposición en el Capitolio, el almirante Craig Faller, por entonces líder del Comando Sur de Estados Unidos, alarmó a los legisladores sobre la expansión acelerada de China en América Latina.
“Pekín podría estar violando los términos de su acuerdo con Argentina para realizar solo actividades civiles y podría tener la capacidad de monitorear y potencialmente atacar las actividades espaciales de Estados Unidos, aliados y socios. China no solo apoya a los regímenes autocráticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua y emplea prácticas de préstamos abusivos en toda la región, sino que también está invirtiendo en infraestructura clave como una instalación de rastreo en el espacio profundo en Argentina”, destacó Faller.
(TN)
