Un ex Teniente Primero del Ejército Argentino, identificado como J.C.A., fue procesado por la Justicia luego de ser acusado de tres casos de abuso sexual y maltrato hacia una subordinada. El ex oficial, quien formaba parte del Regimiento de Caballería Tanque 6 “Blandengues” en Concordia, Entre Ríos, fue separado de la fuerza, y deberá afrontar un embargo millonario, tras la confirmación de pruebas que respaldaron las acusaciones en su contra.
El procesamiento fue ratificado este viernes por la jueza federal Analía Ramponi, quien le imputó tres cargos por abuso sexual simple consumado y uno en grado de tentativa, además de maltratar a una integrante de la fuerza. La denuncia fue realizada por una joven que, en el momento de los hechos, se encontraba bajo su mando, siendo él el encargado de la Banda Militar. Si bien la identidad de la víctima se mantiene en reserva, su testimonio resultó fundamental para la apertura de la causa y el procesamiento del acusado.
Según informó el portal El Once, la causa sigue su curso en la Secretaría Penal del Tribunal. Durante la investigación, diversas autoridades y personal militar brindaron declaraciones que fueron fundamentales para consolidar las pruebas en contra del ex Teniente Primero.
Otro caso de abuso en Corrientes
Este procesamiento ocurre en un contexto de creciente preocupación por abusos dentro de las fuerzas armadas. Esta misma semana, otro ex Teniente Primero del Ejército, Pedro Roberto Trogliero, fue condenado a 10 años de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en Goya, Corrientes. La denuncia fue realizada por una subordinada que fue atacada en julio de 2023 mientras dormía en su habitación en el Casino de Oficiales del Batallón Monte 12. Según la víctima, se despertó desnuda con Trogliero encima, quien, al ser confrontado, se identificó como el agresor. La mujer logró echarlo del cuarto, pero él le envió un mensaje invitándola a su habitación.
El fiscal Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Tamara Pourcel consideraron que el abuso significó una humillación y sometimiento para la víctima, dado el contexto de desigualdad jerárquica entre ambos. Además, destacaron que este tipo de actos comprometen la integridad de las instituciones del Estado, que tienen la obligación de proteger los derechos humanos, especialmente los de las mujeres.
Los fiscales también subrayaron que las pruebas recabadas durante el juicio acreditaron la responsabilidad del acusado, y resaltaron que la pericia psicológica de la víctima mostró signos de una experiencia traumática de contenido sexual. Por lo tanto, solicitaron que el caso fuera considerado un acto de violencia de género y pidieron medidas adicionales para evitar la impunidad y prevenir futuros abusos.
