En un acto que ha generado rechazo y repudio generalizado, Víctor Hugo Moyano y Carlos Alberto Moyano, residentes de la localidad de Laboulaye, en Córdoba, fueron condenados por asesinar de manera atroz a un galgo en el patio de su casa. Pese a la gravedad del hecho, que incluyó disparos y golpes brutales con una maza y bloques de cemento, la Justicia les impuso una pena de tan solo seis meses de prisión condicional, gracias a las limitaciones de la Ley Sarmiento, que regula los delitos de crueldad animal.
El caso salió a la luz en diciembre pasado, cuando un video desgarrador captó el momento en que los hermanos golpeaban al animal mientras este aullaba de dolor. Durante la investigación, se descubrió que el perro, además, había sido previamente baleado con un arma de fuego calibre .22, un detalle que resalta la crueldad del ataque.
Los hechos
Según la reconstrucción judicial, Carlos Alberto Moyano disparó al animal con un rifle de un caño oxidado, mientras que Víctor Hugo Moyano, al notar que el disparo no fue letal, procedió a golpearlo repetidamente con una maza y, finalmente, con un bloque de cemento, hasta acabar con su vida. La sentencia describió el acto como ejecutado “por el solo espíritu de perversidad”.
El caso fue llevado a la Justicia gracias a la denuncia presentada por la Sociedad Protectora de Animales de Laboulaye, que también actuó como querellante en el proceso. El fiscal Marcelo Saragusti, a cargo de la investigación, acordó un juicio abreviado, en el que los acusados admitieron su culpabilidad.
La sentencia: entre la indignación y las limitaciones legales
El juez de feria Sebastián Moro dictó una pena de seis meses de prisión condicional para ambos hermanos, lo que implicó su liberación inmediata tras el fallo. Además, impuso condiciones adicionales durante los próximos dos años: deberán asistir a terapia psicológica regularmente, abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol, y no cometer nuevos delitos.
El juez justificó la reducción de la pena en que los acusados no poseían antecedentes penales y colaboraron con la investigación. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia, ya que muchos consideran que la sanción no se corresponde con la brutalidad del crimen ni con el sufrimiento infligido al animal.
La necesidad de cambios en la legislación
El caso reaviva el debate sobre la obsoleta Ley Sarmiento (N° 14.346), que establece penas que van desde los 15 días hasta un año de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra los animales. Desde distintos sectores, se ha planteado la urgencia de actualizar la normativa para que contemple penas más severas en casos de violencia extrema, como el ocurrido en Laboulaye.
La condena de los hermanos Moyano deja un sabor amargo en la comunidad y expone la falta de herramientas legales para castigar con dureza actos de este tipo. Más allá de las sanciones impuestas, queda pendiente una reflexión sobre la importancia de proteger a los animales y de exigir leyes que verdaderamente garanticen su bienestar.