El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, solicitó que la Corte Suprema de Justicia condene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. Este pedido se produce después de que la Cámara de Casación confirmara en noviembre pasado una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por fraude al Estado en la adjudicación de 51 obras públicas a la empresa de Lázaro Báez en Santa Cruz.
Por su parte, la defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, también apeló el fallo y solicitó a la Corte Suprema su absolución, además de pedir una audiencia pública para tratar el caso.
Ahora, la Cámara de Casación deberá decidir si acepta los recursos y los envía al máximo tribunal o los rechaza. En caso de negativa, las partes podrán presentar un recurso de queja directamente ante la Corte. Sin embargo, el proceso podría extenderse y no se espera una resolución inmediata, especialmente en un año electoral como 2025, en el que Cristina Kirchner podría postularse nuevamente.
El pedido de la Fiscalía
El fiscal Villar argumentó en su apelación que la sentencia de Casación fue “arbitraria” al absolver a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex titular de Vialidad Nacional, José Periotti, del delito de asociación ilícita. Según el fiscal, quedó probado que existió “una matriz de corrupción” durante más de 12 años, en la que se diseñaron roles estratégicos dentro y fuera del Estado para desviar millonarios fondos públicos.
Villar sostuvo que la pena de seis años de prisión impuesta a la ex presidenta es “desproporcionadamente baja” y que envía un mensaje negativo a la sociedad al minimizar la gravedad de los delitos de corrupción. Además, criticó que la asociación ilícita se aplique en otros delitos graves, como narcotráfico y trata de personas, pero no en casos de corrupción política.
La defensa de Cristina Kirchner
La defensa de la ex mandataria sostiene que la condena es producto de irregularidades en el proceso judicial. Entre sus argumentos, menciona que intervinieron jueces que no debían, que los hechos ya habían sido desestimados en la justicia de Santa Cruz, que se rechazó prueba clave y que no se peritaron todas las obras públicas investigadas. También cuestionó la incorporación de pruebas en el juicio oral, como los mensajes del celular de José López sobre reuniones con Cristina Kirchner para asegurar pagos a Báez antes del fin de su gobierno.
Beraldi argumentó que la ex presidenta no tuvo ninguna intervención en los procesos de licitación, ejecución o pago de las obras y que nunca dio órdenes para cometer irregularidades. En su apelación, la defensa concluyó que “no existe ninguna acción u omisión” que justifique su condena y que la sentencia busca excluir a Cristina Kirchner de la vida política.
¿Qué sigue en el proceso?
Con ambas apelaciones presentadas, la Cámara de Casación deberá resolver si eleva el caso a la Corte Suprema. Si el máximo tribunal confirma la condena, Cristina Kirchner deberá cumplir la pena de prisión, aunque podría hacerlo bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el desenlace aún es incierto y los tiempos judiciales podrían extenderse más allá de 2025.
