El brutal asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por el asfalto en La Plata durante el robo de un auto, ha puesto en evidencia las graves fallas del sistema judicial y la irresponsabilidad en la designación de funcionarios clave. El caso ha generado indignación, no solo por la atrocidad del crimen, sino porque uno de los responsables, un menor de 17 años con antecedentes por robo de vehículos, había sido detenido semanas antes y liberado por la justicia, lo que le permitió reincidir en un hecho aún más trágico.
Un menor con antecedentes liberado por la justicia
El adolescente de 17 años había sido aprehendido a principios de febrero tras intentar sustraer un automóvil junto a otros menores. Sin embargo, la fiscal Sabrina Caldera, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 del Joven, no solicitó su detención en esa ocasión, permitiendo que el joven regresara a las calles. Esta decisión ha sido duramente criticada, ya que evidencia la falta de rigor en el tratamiento de delitos cometidos por menores y el escaso compromiso del sistema judicial con la prevención del delito.
Una designación política bajo la lupa
La fiscal Caldera fue nombrada en su cargo durante la gestión del gobernador Axel Kicillof, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el criterio con el que se designan los funcionarios judiciales en la provincia de Buenos Aires. Sectores de la oposición y especialistas en seguridad han advertido sobre la falta de idoneidad de ciertos fiscales y jueces, cuyos errores y omisiones terminan teniendo consecuencias fatales para la sociedad.
Además de la fiscal, también es clave conocer el rol del juez que intervino en la causa del menor cuando fue detenido por el robo anterior. La falta de información sobre su identidad impide una evaluación completa de las responsabilidades, pero lo cierto es que la inacción tanto de la fiscalía como del juzgado permitió que un delincuente reincidente quedara libre y terminara cometiendo un asesinato.
Un sistema que fracasa y una sociedad en riesgo
La liberación de delincuentes juveniles sin una evaluación exhaustiva de su peligrosidad, sin medidas de contención y sin programas efectivos de rehabilitación, es una de las fallas más graves del sistema judicial. Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar los mecanismos judiciales y administrativos que permiten que menores con antecedentes sigan representando un peligro latente para la comunidad.
El crimen de Kim Gómez no es solo una tragedia familiar, sino un símbolo del fracaso de un sistema que no protege a los inocentes. La sociedad exige respuestas y acciones concretas. Es imprescindible que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, asuma su responsabilidad y promueva una revisión profunda de las políticas de seguridad y justicia juvenil.
Solo con un compromiso real y medidas eficaces se podrá garantizar que hechos como este no vuelvan a ocurrir y que la memoria de Kim impulse los cambios necesarios para proteger a nuestros niños y construir una sociedad más segur
