En un fallo sin precedentes en Córdoba, la Cámara Décima del Crimen condenó a dos ex policías por desobedecer órdenes judiciales y no cumplir con la custodia de Giuliana Marianela Silva, una joven de 19 años que fue asesinada el 7 de julio de 2019 por su ex pareja. La sentencia, que impone penas de prisión efectiva, marca un precedente en la responsabilidad de las fuerzas de seguridad ante casos de violencia de género.
Las penas y la responsabilidad de los policías
El tribunal determinó que Hugo Javier Maza fue culpable del delito de abuso de autoridad, por lo que le impuso una pena de un año y cinco meses de prisión efectiva, además de inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Por su parte, José Ramón Guevara recibió una pena de un año y ocho meses de prisión efectiva e inhabilitación especial por el mismo período, también por abuso de autoridad.
Ambos efectivos, ahora ex policías, tenían la obligación de custodiar a Giuliana Silva debido a las reiteradas denuncias que había presentado contra su ex pareja, Ricardo Tissera. Sin embargo, los acusados no cumplieron con los turnos de vigilancia dispuestos por la Justicia, lo que permitió que el agresor accediera a la joven y la asesinara a balazos.
Un crimen que pudo evitarse
Giuliana Silva había denunciado en múltiples ocasiones a Tissera por amenazas de muerte. En respuesta, la Justicia le otorgó un botón antipánico y ordenó una custodia policial permanente en su domicilio. La noche anterior al crimen, la joven activó el dispositivo tras ser increpada por el agresor, pero la falta de vigilancia policial dejó a la víctima sin protección.
El 7 de julio de 2019, en el barrio Suárez de la ciudad de Córdoba, Tissera concretó el ataque. Le disparó tres veces, quitándole la vida. Por este femicidio, la Cámara Primera del Crimen ya lo había condenado a prisión perpetua en un juicio anterior.
Un fallo histórico y un mensaje a las fuerzas de seguridad
El veredicto del tribunal, compuesto por un jurado popular, sienta un precedente en la lucha contra la violencia de género y la responsabilidad del Estado en la protección de las víctimas.
El fiscal Gustavo Arocena destacó la importancia de la sentencia y señaló: “Se ha arribado a una condena justa, que pretende sentar un precedente para evitar futuros casos en los que, ante incumplimientos de órdenes judiciales, se deje el camino libre a la violencia contra las mujeres”.
El fallo resalta la importancia de la responsabilidad policial en la protección de víctimas de violencia de género y la necesidad de que las órdenes judiciales sean cumplidas de manera estricta para evitar más tragedias como la de Giuliana Silva.
