Karina Andrade sostuvo que su decisión se basó en la falta de pruebas por parte de la fiscalía y la Policía. Aseguró que su función era garantizar los derechos constitucionales y negó haber analizado los antecedentes de los aprehendidos.
La jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, justificó su decisión de liberar a los 114 manifestantes detenidos durante los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso. Según argumentó, su resolución respondió a la necesidad de resguardar el derecho a la protesta y se tomó en un contexto de falta de pruebas presentadas por la fiscalía y la Policía.
“No fue una decisión apresurada, sino una resolución basada en la prioridad de los derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a manifestarse”, explicó en declaraciones radiales. Además, subrayó que en esa instancia del proceso no correspondía evaluar antecedentes penales de los detenidos, salvo que existiera un pedido de captura vigente.
Cruces con el Gobierno
El fallo de Andrade generó fuertes críticas desde el Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que más de la mitad de los liberados tenía antecedentes penales graves. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la rapidez con la que la Justicia permitió la excarcelación de los detenidos.
“Debe aplicarse la ley con mayor firmeza. Si se detienen a más de 130 personas y a las pocas horas una jueza las libera argumentando que defendían derechos, se vuelve muy difícil combatir la violencia organizada”, expresó Francos.
Por su parte, Andrade insistió en que la Policía no presentó información detallada sobre las detenciones y que la fiscalía no aportó pruebas suficientes para sostener las imputaciones en el marco del sistema acusatorio. “Mi función era el control de legalidad. No se cumplían los requisitos básicos de información al juez, y eso merecía una respuesta rápida con los elementos disponibles”, afirmó.
Los liberados y la denuncia contra la jueza
La jueza aclaró que su decisión no incluyó a quienes fueron encontrados en posesión de armas, ya que estos casos quedaron bajo una investigación separada. “Quizá, si hubiera tenido más información antes, habría solicitado otros elementos”, admitió.
En su resolución, Andrade destacó que los hechos se dieron en el marco de una movilización vinculada a un reclamo social legítimo, y que su tarea era garantizar que los derechos de los detenidos no fueran vulnerados. “En un día donde se convocó a sectores vulnerables como los adultos mayores, el Poder Judicial debía atender especialmente a esta situación”, argumentó en su fallo.
Mientras tanto, el gobierno nacional anunció que presentará una denuncia contra la jueza ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. La medida, confirmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, apunta a investigar un posible incumplimiento de funciones por parte de la magistrada.
