En un operativo sin precedentes, el Estado Argentino logró detectar, identificar y sancionar a un buque pesquero extranjero que operaba ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país. A través del trabajo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, se aplicó una importante multa y se recuperaron los costos operativos del procedimiento, marcando un nuevo paradigma en la fiscalización marítima.
El hecho ocurrió el pasado 5 de enero, cuando la Autoridad Marítima Argentina, mediante el Sistema Guardacostas, detectó al pesquero XINRUN 579, de bandera de Vanuatu, navegando dentro de la ZEE con una velocidad y rumbo compatibles con maniobras de pesca ilegal. Al constatarse la presunción de actividad pesquera, el guardacostas GC-25 “Azopardo” se dirigió al lugar, identificó a la embarcación y notificó a su capitán sobre la infracción a la Ley N° 24.922, que regula el Régimen Federal de Pesca.
A partir de esta intervención, se inició el proceso administrativo correspondiente, que derivó en la imposición de una sanción económica por parte de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Además, la empresa armadora del buque debió abonar los costos generados por el operativo, incluyendo la movilización del guardacostas y la tecnología utilizada para documentar la infracción.
Innovación tecnológica y un precedente internacional
El uso del Sistema Guardacostas fue clave en el éxito del procedimiento. Esta tecnología avanzada, desarrollada por la Prefectura Naval Argentina, permite un monitoreo en tiempo real del tránsito marítimo, integrando diversos sistemas y operado por especialistas de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre.
Más allá del impacto inmediato de la sanción, este caso marca un hito en la fiscalización pesquera, al tratarse de la primera multa electrónica internacional aplicada y el primer sumario en ausencia ejecutado contra un buque extranjero. Este modelo de control refuerza la soberanía argentina sobre sus recursos marítimos y establece un precedente en la lucha contra la pesca ilegal, posicionando al país a la vanguardia en la protección de sus aguas jurisdiccionales.
