Mientras millones de argentinos enfrentan una crisis económica feroz, con sueldos que no alcanzan para lo básico, los senadores de la Nación siguen viviendo en una burbuja de privilegios. A partir del mes próximo, cada legislador nacional percibirá más de $9,5 millones brutos por mes, producto de una nueva actualización automática de sus dietas.
El aumento se desprende de la paritaria recientemente firmada para los empleados del Congreso, que impacta directamente sobre los ingresos de los senadores debido a una maniobra aprobada en 2023 por oficialismo y oposición. Esa resolución —que se votó en el recinto sin debate ni difusión pública— vinculó los sueldos de los legisladores a los “módulos” que rigen para los trabajadores legislativos, habilitando así aumentos automáticos con cada ajuste salarial del personal.
Con el valor del módulo actualizado a $2.376,04, los senadores cobrarán ahora 2.500 módulos por dieta base, más 1.000 por “gastos de representación” y otros 500 en concepto de desarraigo, incluso si residen a minutos del Congreso. Solo cuatro legisladores no cobran ese adicional.
Además, el año pasado sumaron un “plus” equivalente a una dieta más, para “compensar” el aguinaldo. Con este sistema, los senadores se autoasignaron 13 sueldos por año.
El descontento de la sociedad por estos privilegios contrasta con la pasividad de los bloques legislativos. La última vez que el Senado congeló los haberes fue hasta el 31 de diciembre de 2024. Después, la vicepresidenta Victoria Villarruel extendió ese congelamiento hasta el 31 de marzo pasado, pero dejó claro que sería la última vez que tomaría una decisión de ese tipo. Desde entonces, nadie quiso hacerse cargo de lo que se sabía: los aumentos se reanudarían sin que nadie los vote ni los frene.
El kirchnerismo, por su parte, se desentendió públicamente de la cuestión: “Nos hartaron. Que hagan lo que quieran”, declaró un senador del interbloque que responde a Cristina Kirchner. Desde el oficialismo, tampoco hubo intentos concretos por frenar este despropósito.
Mientras tanto, los gremios legislativos —encabezados por Norberto Di Próspero— lograron que algunos bloques les hicieran el trabajo sucio y pidieran por escrito una recomposición salarial que terminó beneficiando también a los propios legisladores.
Y en medio de este panorama de descontrol y privilegios, el Senado suma internas, renuncias y designaciones polémicas: el flamante secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos, anunció su dimisión antes de asumir formalmente. La vicepresidenta aún no resolvió la situación ni avanzó con su promesa de restaurar funciones administrativas a su antecesora, María Laura Izzo.
Este nuevo escándalo de las dietas deja una vez más al descubierto el nivel de desconexión entre quienes nos representan y los ciudadanos que los votaron. Mientras el pueblo ajusta, la política se acomoda.
