El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye al partido de Escobar. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 493/2025), publicado este martes en el Boletín Oficial, se habilitó la privatización parcial o total de AySA y se autorizó a la empresa a cortar el suministro a los usuarios que no paguen.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, reemplaza más de 100 artículos del marco legal anterior, modificando el rol del Estado en la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A., que hasta ahora era el accionista mayoritario con el 90% del capital. Desde ahora, se permitirá el ingreso de capitales privados.
El decreto justifica la decisión en la crisis económica del país y en el “deterioro operativo y financiero” de la empresa, que recibió subsidios estatales por más de 13.000 millones de dólares entre 2006 y 2023.
Entre los cambios más importantes se destaca que AySA podrá:
- Cortar el servicio a quienes tengan deuda en el pago del servicio.
- Usar la facturación como garantía de financiamiento externo.
- Redefinir su plan de acción bajo un nuevo régimen privado.
Además, el Ministerio de Economía pasará a ser la nueva autoridad de control, y se redefinirá el rol del Ente Regulador del Agua y de la Agencia de Planificación (APLA).
También se establece un “Plan Director de Mejora Estratégica”, que se revisará cada cinco años, aunque no será obligatorio cumplirlo. La empresa también deberá atender los reclamos de los usuarios y publicar información relevante.
En cuanto a la transición, el decreto permite un período de hasta cinco años de adecuación, durante el cual se irán implementando los cambios hacia el nuevo esquema privatizado.
El DNU fue enviado a la Comisión Bicameral del Congreso, que deberá analizar su validez en un plazo de diez días hábiles.
Desde ahora, millones de usuarios del AMBA —incluidos los vecinos de Escobar— podrían ver afectadas sus condiciones de acceso al agua si no cumplen con los pagos, mientras el servicio queda en manos de una futura gestión privada.
