En un contexto económico adverso, con caída del consumo, inflación acumulada y restricciones presupuestarias a nivel nacional, el municipio de Escobar sigue expandiendo su planta de personal: esta vez, con el egreso de 285 nuevos agentes que se incorporan a la Policía Municipal y a la Guardia Urbana local.
El acto oficial fue encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk, junto a la secretaria de Seguridad, Rocío Fernández, quienes destacaron la política de «presencia territorial» como una respuesta concreta a la demanda ciudadana de mayor protección.
Sin embargo, detrás del relato de eficiencia y cercanía, emergen preguntas incómodas pero necesarias:
¿De dónde salen los fondos para sostener a casi 1.000 empleados municipales más, entre sueldos, uniformes, móviles y formación continua? ¿Qué impacto tiene esto en las arcas locales, en un distrito donde los vecinos ven crecer tasas e impuestos cada año?
Con esta nueva camada, el municipio pasa a tener 900 agentes municipales activos (453 en la Policía Municipal y 416 en la Guardia Urbana), que se suman a los 627 de la Policía Bonaerense, conformando un total de 1.527 uniformados en funciones.
«Volvió la policía a la esquina», expresó Sujarchuk, aunque la comunidad aún denuncia zonas liberadas, hechos de inseguridad recurrentes y escasa respuesta ante robos o delitos menores.
Las cifras oficiales aseguran que la Policía Municipal ya intervino en más de 12.000 situaciones, con casi 5.000 acciones operativas y 419 personas aprehendidas. Pero no hay estudios públicos que permitan evaluar el costo por operativo ni tampoco la efectividad real de estos despliegues.
Fernández, por su parte, habló de una «red de seguridad y contención», aunque no detalló cuánto destina mensualmente el municipio al mantenimiento de esta fuerza, ni qué porcentaje del presupuesto total representa esta política.
En paralelo, el distrito enfrenta reclamos de escuelas sin calefacción, hospitales sin insumos, calles deterioradas y problemas estructurales de acceso al agua y cloacas. En este escenario, la decisión de seguir sumando empleados municipales en lugar de mejorar recursos ya existentes abre un debate inevitable sobre prioridades.
Más allá de los aplausos en el acto de egreso, la comunidad espera resultados visibles: menor tasa de robos, más patrullajes nocturnos, botones de pánico que funcionen y cámaras de seguridad conectadas en tiempo real. Porque sin transparencia en la inversión y sin datos públicos sobre eficacia, el número de uniformes no garantiza mayor seguridad.
