Una auditoría reveló un entramado de fraude millonario en el sistema de pensiones heredado de gestiones anteriores. El recorte implica un ahorro mensual de 35 mil millones de pesos.
En el marco de un proceso de depuración de beneficios sociales, el Gobierno nacional confirmó la suspensión de 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral que, según los auditores, habían sido otorgadas de manera irregular durante administraciones anteriores.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la medida en conferencia de prensa desde Casa Rosada, asegurando que se trata de un paso clave para cerrar fugas de fondos públicos y reforzar el equilibrio fiscal. A estas bajas se suman 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y otras 10.038 por renuncias voluntarias.
El impacto en las arcas estatales es contundente: 35 mil millones de pesos menos por mes. El propio Adorni reveló casos insólitos, como el uso de la misma radiografía o ecocardiograma en múltiples expedientes, o un ejemplo en Chaco donde una sola imagen de hombro se presentó para justificar 150 pensiones distintas.
Una red de corrupción consolidada por décadas
La investigación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que encabeza el abogado Diego Spagnuolo, detectó una “actividad fraudulenta a gran escala” con un desvío estimado de 1.000 millones de dólares al año.
Entre 2003 y 2015, durante los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de estas pensiones pasó de 79.000 a más de un millón. Tras un leve descenso en la gestión de Mauricio Macri, el número volvió a crecer y cerró 2023 con 1.222.000 beneficiarios, reflejando que el esquema de asignaciones sin control se mantuvo y profundizó.
“Este número no se condice con la realidad de un país que no atravesó guerras ni catástrofes naturales. Lo que sí tuvo Argentina fueron 20 años de administraciones que hicieron del sistema un instrumento político y clientelar”, subrayó Adorni.
El Congreso bajo la lupa
La novedad llega días después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Milei a la ley que incrementaba el presupuesto para el área. Para el Ejecutivo, esa decisión fue una defensa explícita del sistema corrupto que permitió estas maniobras.
En números concretos, el gobierno calcula que la aplicación de esa ley sumaría más de 2 billones de pesos de gasto adicional en 2025 y superaría los 4,5 billones en 2026, sin contar el aumento de beneficiarios en el programa “Incluir Salud”.
Auditorías en marcha
La revisión actual alcanza a todos los titulares de pensiones por invalidez laboral otorgadas bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97. Están exceptuados los menores de edad y quienes ya fueron auditados este año. Los controles son realizados por médicos del PAMI y personal de la ANDIS, y las pensiones suspendidas podrían convertirse en bajas definitivas si no se acredita la discapacidad correspondiente.
“El objetivo es claro: redirigir los recursos hacia quienes realmente los necesitan y garantizar transparencia en la gestión”, afirmaron desde la Agencia.
