La Justicia bonaerense dictó un fallo ejemplar que pone fin a una batalla legal iniciada en 2008. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón confirmó la condena contra una clínica privada y un médico, quienes deberán indemnizar con más de 43 millones de pesos a un paciente que sufrió una doble perforación intestinal durante un estudio de rutina.
El caso, que sirve como advertencia sobre la importancia de los controles post-quirúrgicos, subraya que no solo se trató de una complicación técnica, sino de una grave omisión en el deber de diligencia por parte de los profesionales.
Un estudio de rutina que cambió una vida
Todo comenzó en junio de 2008, cuando el demandante asistió a un centro de salud para realizarse una videocolonoscopia por una hemorragia digestiva. Durante el procedimiento se extirparon dos pólipos benignos, pero lo que debía ser un trámite médico se convirtió en un calvario:
- La lesión: El paciente sufrió una doble perforación en el colon sigmoide.
- Cirugías de urgencia: Tras el estudio, el hombre padeció dolores agudos y fiebre, lo que derivó en una primera operación para colocarle una bolsa de colostomía y una segunda intervención donde le extirparon 30 centímetros de intestino.
- El impacto físico: Pasó 22 días en terapia intensiva, perdió 30 kilogramos de peso y quedó con secuelas permanentes.
El fallo: El error no fue solo el accidente
Si bien la medicina reconoce que una perforación es un riesgo posible en este tipo de estudios, el tribunal fue tajante: el médico y la clínica fallaron en el control posterior. La justicia determinó que existió una praxis deficiente, ya que no se tomaron las medidas necesarias para evitar que el cuadro derivara en una peritonitis séptica que casi le cuesta la vida al paciente.
Según las pericias médicas, el hombre quedó con una incapacidad laboral del 41%, además de sufrir cicatrices de gran tamaño y un daño moral profundo debido al sufrimiento físico y psíquico atravesado durante casi dos décadas de litigio.
Seguros e inflación: Un precedente clave
Un punto fundamental de este fallo es la actualización del monto. Las aseguradoras pretendían pagar valores históricos (de cuando se inició la demanda), pero la Cámara aplicó la doctrina de la Suprema Corte bonaerense.
En un contexto de alta inflación como el que atravesamos, el tribunal decidió que la indemnización debe fijarse a valores actuales, obligando a las empresas de seguro a cubrir el total de la condena, independientemente de los límites que tenían las pólizas hace 18 años.
