La justicia federal dio un paso clave en una de las causas de corrupción más escandalosas de los últimos tiempos. El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto a otros 18 acusados, bajo cargos que incluyen asociación ilícita, cohecho (coimas), defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según el fallo, se montó un sofisticado «sistema de retornos» donde droguerías amigas vendían medicamentos e insumos con sobreprecios millonarios a la Agencia, a cambio de «recompensar» a los funcionarios que facilitaban el negocio.
Una «puesta en escena» millonaria
La investigación reveló que las contrataciones de medicamentos de alto costo eran una farsa. El juez detectó que se invitaba a competir a cuatro droguerías (Profarma, Génesis, New Farma y Floresta) que, en realidad, estaban vinculadas entre sí y se «turnaban» para ganar las licitaciones.
Para Casanello, la Agencia fue «cooptada» para el enriquecimiento privado, descuidando su fin principal: la protección de las personas en situación de discapacidad.
Pruebas contundentes: billetes y «muebleros»
El procesamiento detalla elementos que parecen sacados de una serie de ficción:
- La máquina de contar billetes: En el domicilio de Spagnuolo se encontró una máquina para contar efectivo, herramienta que el juez considera necesaria para manejar los retornos ilegales que no podían pasar por el sistema bancario.
- Pagos indirectos: Se probaron pagos realizados por operadores externos a un «mueblero» que trabajaba para Spagnuolo, como parte de los sobornos.
- Los audios: La causa se inició tras la filtración de grabaciones donde se escuchaba a Spagnuolo admitir internas políticas sobre quiénes habían sido puestos en el organismo «para chorear».
Embargos récord
Aunque los procesados seguirán el proceso en libertad, el golpe financiero dictado por la justicia es histórico. El magistrado trabó un embargo de más de 202.000 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos similares para los otros tres considerados «jefes» de la banda: Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Los cuatro «jefes» identificados
La resolución describe una estructura jerárquica donde Spagnuolo y su segundo, Garbellini, articulaban con Calvete y Atchabahian (operadores externos) para digitar las compras y evitar licitaciones transparentes, abusando de situaciones de «emergencia».
El juez advirtió que esto podría ser solo el comienzo, sugiriendo que la red de complicidades podría escalar a niveles políticos más altos.
