La Justicia Federal analiza los movimientos patrimoniales del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. El foco de la investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se centra en la adquisición de inmuebles y aparentes inconsistencias en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
La operación en Caballito y el crédito privado
Según consta en los informes del Registro de la Propiedad Inmueble, Adorni adquirió el 18 de noviembre de 2025 un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito por un valor de USD 230.000.
La particularidad de la transacción radica en su ingeniería financiera:
- Las vendedoras del inmueble financiaron casi el 90% del valor total.
- Otorgaron al funcionario un crédito hipotecario privado por USD 200.000.
- Ambas mujeres figuran en la escritura como acreedoras de Adorni en partes iguales.
Esta modalidad de financiación entre particulares es una figura legal y contemplada por el Código Civil y Comercial, aunque la fiscalía busca ahora determinar la capacidad económica de las partes y el flujo de los fondos.
La conexión local y las omisiones investigadas
La denuncia original, impulsada por la diputada Marcela Pagano, señala que el patrimonio del funcionario habría experimentado un aumento del 500% en un solo período fiscal.
Entre los puntos que la Justicia busca esclarecer se encuentran:
- Propiedad en Exaltación de la Cruz: En el mismo mes de la compra en Caballito (noviembre de 2025), se registró el pago de expensas de un lote en el country Indio Cuá Golf Club (en el vecino partido de Exaltación de la Cruz) a nombre de su esposa, Julieta Angeletti. Dicho inmueble no figuraría en las declaraciones juradas públicas del funcionario.
- Activos omitidos: La denuncia marca la presunta omisión de depósitos en el exterior por sumas superiores a los $16.000.000 y la justificación de USD 24.500 en efectivo mediante «préstamos familiares».
- Batería de pruebas: El fiscal Pollicita solicitó informes bancarios, registros de propiedad y movimientos financieros para entrecruzar los datos de Adorni y su entorno directo.
Hasta el momento, el juez Ariel Lijo no ha ordenado las medidas de prueba solicitadas por el fiscal ni ha emitido resoluciones sobre el fondo de la causa. Se espera que los informes de los organismos públicos aporten claridad sobre si las compras se ajustan a los ingresos declarados por el funcionario.
