Se dejará en claro que se mantiene la posibilidad de pescar dentro de la jurisdicción nacional sólo para buques de bandera argentina.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció ayer que, tras las quejas de gobernadores y empresas y sindicatos del sector de la pesca, el Gobierno hará unas aclaraciones en el texto del capítulo referido a esa industria, las cuales apuntan a dejar en claro que se mantiene la soberanía nacional dentro de las 200 millas de la costa.
Cuando se conoció el proyecto, los mandatarios de provincias con actividad pesquera, además de sindicatos y empresas del sector, manifestaron su preocupación por que consideraban que el texto redactado daba lugar a que empresas del extranjero podían pescar dentro de las 200 millas de jurisdicción argentina.
“A lo mejor (la ley) tenía una parte que no era clara. Todos queremos proteger el trabajo y la industria argentina. Hay que hacer clarificaciones, son dos o tres”, dijo Francos a los periodistas acreditados en Casa Rosada tras haber recibido allí al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, ambos del PRO, para analizar la problemática.
El texto generó alarma porque varios actores implicados en el tema consideraron que se les estaba abriendo a empresas del exterior la chance de poder pescar dentro de las 200 millas de soberanía nacional, algo reservado solo para buques nacionales.
“No hay país en el mundo que ceda su soberanía en las 200 millas, eso lo primero que queremos sacar, también que se revea la obligatoriedad de que las descargas sean en puertos argentinos, no solo por la trazabilidad y el control sino por la generación de empleo. Mar del Plata, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, la pesca genera laburo y el sector genera divisas para la Argentina”, cuestionó Torres antes de ingresar a la reunión.
Tras el encuentro con Francos, al gobernador de Chubut se lo vio mucho más tranquilo: “Me voy conforme de la reunión. Está garantizada la soberanía dentro de las 200 millas y la obligatoriedad para descargar en suelo argentino, el espíritu de la ley no va contra eso”, sostuvo.
También, Torres comentó que mantiene una agenda de trabajo con “los ministros (de Defensa) Luis Petri y (de Seguridad) Patricia Bullrich para dar pelea contra la pesca ilegal porque la Argentina pierde miles de millones de pesos en pesca ilegal, no sólo es una cuestión económica sino también de soberanía”.
Por su parte, Francos dijo que además acordaron “armar una mesa para tratar todos los temas del sector” de la pesca, del cual remarcó que “es un recurso de los argentinos”. “Tiene que ser un proceso transparente y eficiente para todos, se ha interpretado de una manera diferente y lo hemos clarificado”, insistió el ministro.
Por su parte, Montenegro escribió en las redes sociales: “Mi compromiso fue siempre defender el laburo de los marplatenses. Junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, nos reunimos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para hablar sobre la Ley de Pesca y el impacto directo que tiene sobre la economía de nuestras regiones. Todos compartimos el espíritu de la reforma, que es nada más y nada menos que la transparencia. Por esto es importante escuchar al interior, para que podamos trabajar juntos sobre las modificaciones que se necesiten y que este sector tan importante siga creciendo”.
Horas antes de la reunión, el secretario de Comunicación y Medios, Eduardo Serenellini, señaló que el Gobierno estaba dispuesto a conversar los puntos referidos al tema pesca. “Es parte de la democracia”, admitió el flamante funcionario al plantear que, a pesar de las intenciones de la gestión libertaria de potenciar la actividad pesquera, atenderán las reticencias de los sectores que cuestionan la apertura en el sector.
Durante la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, también hizo referencia al tema al sostener que “en el caso de la pesca, la actividad está por debajo de su punto óptimo” por lo que el Gobierno entendió que “esta apertura hace que la actividad pueda crecer y no por el contrario que haya pérdida de empleo”.
A pesar de la afirmación aseguró que el Gobierno está abierto a dialogar acerca de “los puntos que puedan generar controversias” y aclaró que “como cualquier ser humano puede cometer alguna cuestión que pueda corregirse”.
“En virtud de la modificación de los artículos de ley, estamos abiertos al diálogo y al debate”, resaltó el vocero desde la Sala de Conferencias, y completó: “Gran parte del debate legislativo es ponernos de acuerdo, intercambiar opiniones, y quienes se ven afectados serán parte del diálogo y la discusión”.
(NA)
