Guillermo Marijuan, a cargo del expediente, precisó que las 2954 personas que cobraban de manera irregular representaban 500 millones de pesos por mes para el Estado; adelantó que hay otras más de 7000 que están bajo revisión.
El lunes de esta semana el fiscal Guillermo Marijuan pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que elimine a 2954 beneficiarios del cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) por vivir en el extranjero. El miércoles por la mañana, en tanto, el funcionario judicial dio detalles de la causa. No solo dijo que hay otras más de 7000 personas que todavía son investigadas, por lo que los requerimientos podrían ampliarse, sino que también precisó que las casi 3000 que ya solicitó bajar representaban 500 millones de pesos por mes para el Estado.
Esto en medio de la irrupción de otro expediente, que llevan adelante su colega Gerardo Pollicita y el juez federal Sebastián Casanello, que investiga a grupos piqueteros por un supuesto sistema extorsivo que tenía una estructura jerárquica de cinco niveles. Sobre esa carátula, Marijuan adelantó que hay “infinidad de comunicaciones” que involucran a distintos movimientos sociales.
En cuanto a los beneficiarios de pensiones que vivían en el extranjero, cuando en realidad el programa está destinado a garantizar cobertura previsional para adultos mayores de 65 años que no tengan tramitada su jubilación o pensión, Marijuan explicó que hay 2954 personas que ya no están en el país y que cobraban el plan igual. “Pedí la baja de manera inmediata”, explicó al respecto y precisó: “Hay un logro inmediato que es dar de baja estos beneficios. Representaban 500 millones de pesos mensuales”.
Pero no fue todo. “Después hay 7512 casos que están bajo observación, que es gente que entra y sale del país. Queremos ver y analizar con la gente de la Anses la situación, pero también podrían ser suspendidas”, adelantó en una entrevista radial.
Asimismo, advirtió que no tiene “ningún impedimento” para -en ocasión de última necesidad- realizar detenciones si alguna de estas personas intenta eludir la acción de la Justicia.
“Son delitos sumamente graves. En el caso de las PUAM son pensiones universales para personas de más de 65 años sin ningún tipo de beneficio social y uno de los pocos requisitos es que residan en la República Argentina. Ahora nosotros tenemos que procesar 3000 causas porque cada beneficiario de esos que no están en el país van a ser denunciados”, marcó el fiscal, a la vez que amplió: “Se les va a preguntar a los funcionarios públicos de Anses y los organismos que correspondan por qué no detectaron esto. Tiene que haber un cruce mes a mes de la base de datos de Anses, para determinar a las personas que cobraron o tramitaron su beneficio y se fueron del país, residen afuera”.
Y sobre estos 2954 beneficiarios que solicitó a Pettovello dar de baja sentenció: “Se fueron del país y estuvieron más de 90 días sin haber regresado. Tramitaron su beneficio y se fueron”.
La causa contra los piqueteros
A cargo de la fiscalía general vinculada a los delitos de la seguridad social, además de su fiscalía, Marijuan explicó que este tipo de situaciones irregulares se repiten desde 2001. Además, ahondó sobre la causa que tramita Pollicita sobre esta red de piqueteros de distintas organizaciones que son investigados por desmanejos en el Potenciar Trabajo.
“Lo estamos viendo respecto de personas que son obligadas a marchar o a dejar dinero, es algo que se ha repetido a lo largo de mucho tiempo”, comentó Marijuan y añadió sobre el expediente que estalló esta semana: “Hay miles de llamadas, que algunas lamentablemente se tienen que descartar porque la persona no se ha identificado, pero hay una inmensa mayoría, como las que está trabajando el doctor Pollicita y otras que están en manos de otros fiscales en el interior del país, que la persona está claramente identificada y se manifiesta respecto de una extorsión o algún otro tipo de delito”, comentó.
Convencido de que es necesario que el Estado optimice los controles y los entrecruzamientos de datos entre los distintos organismos para garantizar la efectividad de los programas sociales, Marijuan enfatizó en que lo judicial tiene que ser “el último eslabón”. También dijo que la comunicación con la población debe ser clara para que la gente no crea que debe cumplir exigencias de líderes sociales, ya que no tienen “ninguna posibilidad” de darla de baja de un programa.
“Tiene que haber un control de los escasos recursos del Estado para evitar ese despilfarro de dinero. Con Pettovello me he reunido apenas asumió. Noté una particular preocupación porque se advirtieron los fraudes que se estaban cometiendo y sé que están trabajando”, comentó sobre la ministra de Javier Milei, que impulsó una serie de denuncias vinculadas a los planes.
En tanto, con el Polo Obrero en el centro de la escena por el allanamiento que recayó sobre Jeremías Cantero, número dos de Eduardo Belliboni, Marijuan recordó una causa que impulsó sobre el jefe de la organización. “He tenido una experiencia de que cuando he denunciado a Belliboni, lo primero que hizo fue tratar de recusarme y argumentaba que lo estaba persiguiendo. Y yo le decía: ‘Lamentablemente no puedo aceptar la recusación porque lo estoy conociendo en esta audiencia. Cómo lo voy a estar persiguiendo si no lo conozco’. Siempre vienen con esta argumentación”, comentó.
“Lo cierto es que hay miles de personas, cientas… Por eso la investigación que tiene en sus manos Pollicita, y que inicialmente mi unidad tomó conocimiento apropósito de los llamados, que no son inventos, es gente que se la cita a declarar, exhibe su DNI, dice ‘efectivamente llamé’. Pasa esto, ratifican lo que dijeron en el llamado. Bueno, [los líderes] tendrán que afrontar las consecuencias. No hablo de que ellos sean los responsables en particular, porque no conozco todos los llamados; sí sé que contienen infinidad de comunicaciones que tienen que ver con distintos movimientos sociales, con gente que la obligan a hacer cosas que no corresponden”, contó.
(La Nación)
