Mariano Cúneo Libarona afirmó que el delincuente no puede continuar con los frutos de sus ilícitos.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que está trabajando en un proyecto de ley que enviará en el plazo de un mes al Congreso, que habilite a los jueces al decomiso anticipado de los bienes que son producto de delitos. “No tiene sentido secuestrar un auto, un campo, dinero y tenerlo en un cajón o que le usen el auto, que se destruya y no pagan seguro a costo del Estado y al final del juicio, cinco o seis años después resolver finalmente el decomiso”, sentenció el funcionario.
El titular de la cartera de Justicia dio una conferencia en el marco de la séptima edición del “Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations” que organiza todos los años el estudio jurídico Marval, O’Farrel y Mairal.
Cúneo Libarona participó del evento a través de videoconferencia, ya que se encuentra en el Reino Unido en un simposio de delitos económicos que se realiza en la Universidad de Cambridge.
El ministro señaló sobre el decomiso anticipado que “tampoco tiene sentido la acción civil que dura una eternidad”. Y agregó: “Yo creo que el decomiso se tiene que dar rápido y disponerse de ese dinero a los fines de la estructura judicial y al final del juicio si es absuelto, para no alterar el principio de inocencia y aparte porque es justo, que se le reintegre el valor obtenido, pero no estar con bienes en depósitos o interdictados que no tienen ningún tipo de utilidad”.
“Yo creo y -sobre esto hablé mucho acá en Cambridge- que es indudable que tenemos que reducir y apuntarles a los beneficios del delito. No puede el delincuente continuar con los frutos de su delito, esto lo ha dicho bastante bien la Corte y se acepta en la doctrina en general, pero no se hace a cabo con toda la eficacia en la práctica”, dijo el ministro de Justicia. Y añadió: “Yo estoy convencido de que si al delincuente se le quitan los beneficios económicos no va a actuar”. “Si logramos sanciones y decomisos vamos a desalentar la delincuencia”, afirmó Cúneo Libarona.
En la primera parte de su participación, el Ministro de Justicia hizo algunas consideraciones sobre la legislación vigente en materia de Compliance y citó un artículo que escribió hace algunos años. Sobre el tema indicó que el Derecho Penal cambió completamente y uno de los aspectos fundamentales fue el de la responsabilidad de las personas jurídicas, que en los años ‘70 y ‘80 estaba estrictamente prohibido y sólo se empezaba a aplicar en Estados Unidos y en Inglaterra. Sobre el asunto, en relación a lo establecido por nuestra legislación, señaló la necesidad de debatir si se le puede atribuir una responsabilidad objetiva al oficial de compliance. Sobre ese punto recordó que “el principio de culpabilidad garantizado por la Constitución lo prohíbe”.
Como segundo punto de su exposición, el funcionario abordó el tema de la corrupción y contó que propuso que se cree una fiscalía especial de lucha contra esas conductas ilícitas. “En los primeros meses le llevé al procurador Eduardo Casal, con quien tengo una cordial relación, la voluntad fundada -fueron ocho páginas- de crear una Fiscalía Especial de Lucha para la Corrupción, de la misma manera que existe de trata, de lavado de género, y que funcionan realmente bien. No tuve recepción, me remitieron a la Procuración de Investigaciones Administrativas, la PIA, pero bueno… ese proyecto sigue en mi cabeza”, dijo Cúneo Libarona.
Anticipó que en el nuevo Código Penal lo primero que se va a hacer es ordenar las penas, que son totalmente desproporcionadas y muy bajas a los funcionarios públicos y a la criminalidad organizada. En ese sentido sostuvo que la pena debe ser no solamente proporcional al disparador de la acción y la conducta, sino dar ejemplo, que realmente sea efectivo. “No sirve un juicio eterno y que concluya con una pena en suspenso o una pena baja. Los tipos penales son muy muy bajos en función del disvalor de la conducta en sí”.
Asimismo, anunció que se van a crear varios tipos penales y que se va a colocar como agravante en la parte general del Código que la acción típica la haya cometido un funcionario público, es decir que se van a agravar todas las conductas en las que el autor sea un agente de la administración pública.
Indicó que se van a crear delitos para castigar una especie de fraude, que es el nombramiento de una persona que acepta el trabajo en la administración pública y no va a trabajar: “Eso es muy habitual. Lo hemos detectado al en la asumir en la función pública y tiene que ser penado especialmente”. También el desvío de planes sociales y los juicios falsos, como es el caso de los que se han hecho para cobrar indemnizaciones millonarias al amparo de las leyes de reparación por desaparecidos.
(Infobae)
