La investigación, encabezada por el fiscal Ramiro González, está revelando el alcance del presunto desfalco en el marco de acuerdos entre el extinto Ministerio de Desarrollo Social y asociaciones civiles.
En un caso que avanza rápidamente, la Justicia ha confirmado irregularidades en convenios firmados durante 2023, donde más de $5.000 millones fueron destinados a comedores que no existían.
Irregularidades detectadas
Los auditores han identificado que, al menos, cinco entidades recibieron fondos por un total de $5.331.433.029 para la gestión de comedores y merenderos. Sin embargo, muchos de estos establecimientos resultaron ser ficticios. Entre las organizaciones investigadas se encuentran: El Amanecer de los Cartoneros, vinculado al dirigente Juan Grabois; Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación Conurbano. Centro de Estudios para la Autogestión, Asociación Civil 8 de Junio.
Un ejemplo clave
El Amanecer de los Cartoneros recibió $172.852.297 en un programa de apoyo a comedores y merenderos comunitarios entre febrero y marzo de 2023. Según la organización, gestionaba 167 comedores, pero una auditoría reveló que 18 de los 52 establecimientos inspeccionados no existían.
El convenio, firmado por Gonzalo Prestia y Alejandro Valiente, establecía la utilización de los fondos para actividades alimenticias y la distribución de bienes adquiridos. No obstante, muchas de estas tareas no fueron realizadas.
Más irregularidades
Otro convenio bajo escrutinio es el firmado con la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, que recibió $342.814.949 para apoyar 145 comedores. De los 57 inspeccionados, 14 no estaban operativos.
Datos alarmantes
Una auditoría del Ministerio de Capital Humano reveló que el 32% de los comedores registrados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM) no estaban activos, el 25% de los datos declarados no coincidían con la realidad y el 16% nunca había funcionado como comedor.
Cargos y posibles delitos
El expediente liderado por el fiscal González investiga posibles delitos de defraudación contra la administración pública, así como abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. La Justicia continúa examinando documentos y testimonios para determinar el destino de los fondos desviados.
La causa pone en evidencia serias fallas en el control de los recursos públicos y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
