La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), organismo encargado de representar legalmente al Estado argentino, confirmó este lunes una fuerte reestructuración interna que incluyó el despido de más de 60 funcionarios, la eliminación de áreas técnicas y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. La medida se tomó en medio de crecientes sospechas por presuntas filtraciones en el marco del juicio por la expropiación de YPF, que se tramita en tribunales de Estados Unidos.
Si bien el comunicado oficial de la PTN no hizo alusión directa a la posible venta de información confidencial, desde la Casa Rosada deslizaron que se habrían detectado movimientos internos irregulares vinculados con datos sensibles sobre la estrategia judicial argentina. “El Procurador Castro Videla está haciendo una purga. Este organismo maneja causas que pueden costarle millones al Estado”, señalaron fuentes del Ejecutivo.
El comunicado institucional destaca que la reestructuración busca “eficientizar el funcionamiento operativo” del organismo y se enmarca en la Ley Bases recientemente aprobada, que promueve una administración pública más “ágil y moderna”.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la reducción del número de Direcciones Nacionales de seis a cuatro, el cierre de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y la reasignación de funciones que antes estaban tercerizadas. Según se informó, esta última medida apunta a fortalecer una gestión más austera y autosuficiente, “sin lujos jerárquicos”.
La Procuración también aseguró que los recortes tienen por objetivo eliminar estructuras innecesarias, reorganizar funciones superpuestas y disminuir gastos en viajes oficiales y comitivas. A través de esta política, el organismo ya redujo su personal en más del 20% desde febrero de 2025.
La Escuela del Cuerpo de Abogados será reemplazada por un centro de capacitación más reducido, con menos de un tercio del personal anterior, enfocado exclusivamente en fortalecer la abogacía pública y difundir la doctrina jurídica de la Procuración.
Aunque desde el Gobierno evitaron dar precisiones sobre el contenido filtrado, trascendió que la información sensible podría haber terminado en manos de los litigantes que demandan a la Argentina por la nacionalización de YPF. Las autoridades, por el momento, optaron por no confirmar públicamente esta versión para no entorpecer la estrategia judicial.
