La Justicia confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y de otras 14 personas acusadas de utilizar fondos de planes sociales con fines políticos y de extorsionar a beneficiarios para que participen en movilizaciones. La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal deja a los imputados a un paso del juicio oral y público.
El fallo fue dictado por los jueces de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, quienes rechazaron las apelaciones presentadas por las defensas de los acusados. Según los magistrados, los planteos no lograron demostrar perjuicios irreparables que justificaran revertir los procesamientos ni las medidas cautelares dictadas.
Los cargos que enfrentan incluyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado, amenazas coactivas y extorsión. Según la investigación, los acusados habrían obligado a personas en situación de vulnerabilidad a entregar parte de los ingresos recibidos a través de planes sociales y a participar en movilizaciones bajo amenaza de perder el beneficio.
El origen del caso
La causa se inició el 20 de diciembre de 2023, cuando se habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias anónimas. A partir de una denuncia radicada en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal Gerardo Pollicita se enfocó en 45 casos reportados en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales siete personas fueron identificadas y cinco declararon bajo identidad reservada.
Los testimonios indicaron que los beneficiarios eran obligados a asistir a marchas y a entregar un porcentaje de sus ingresos. Estas prácticas también incluían presiones para votar por determinados candidatos, según señaló la Cámara Federal en un fallo previo que también agravó la situación de los acusados.
Extorsiones y desvío de fondos
El Polo Obrero, como unidad de gestión de planes sociales, tiene a su cargo supervisar las contraprestaciones obligatorias de los beneficiarios. Sin embargo, según la investigación, estas contraprestaciones eran reemplazadas por la participación en movilizaciones. “Quienes no asistían a las marchas ni realizaban los aportes requeridos corrían el riesgo de perder el subsidio”, indicó el tribunal.
Chats presentados como prueba revelaron que la participación en actividades políticas era una condición impuesta. “Si no se moviliza, se va a perjudicar cuando se realicen recategorizaciones”, decía uno de los mensajes incorporados al expediente. Además, se detectaron pedidos de certificaciones médicas para justificar ausencias en movilizaciones.
Sospechas de lavado de dinero
Durante los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, se hallaron facturas apócrifas que derivaron en nuevas líneas de investigación por presunto lavado de activos. En este contexto, Belliboni y otros referentes del Polo Obrero fueron llamados a indagatoria, aunque negaron todas las acusaciones.
Declaraciones de testigos protegidos
Uno de los testigos, que también es imputado, declaró que los mensajes internos exigían convocar a las movilizaciones “con fuerza” y contactar a los beneficiarios personalmente para asegurar su asistencia. También detalló cómo se organizaban las actividades y las presiones ejercidas sobre quienes no cumplían con las “tareas” asignadas.
Próximo paso: juicio oral
Con este fallo de Casación, los acusados quedaron al borde del juicio oral, donde se determinará si las pruebas reunidas son suficientes para establecer responsabilidades. Mientras tanto, la causa continúa generando repercusiones por su impacto en el manejo de los planes sociales y las dinámicas de las organizaciones piqueteras.
