En una sesión marcada por amplios acuerdos entre el oficialismo y bloques dialoguistas, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones clave en las figuras de reincidencia y reiterancia con el objetivo de endurecer el sistema penal y evitar la denominada “puerta giratoria”. Con 138 votos afirmativos, 94 en contra y una abstención, el proyecto fue girado al Senado, donde se anticipa una fuerte oposición de sectores vinculados al kirchnerismo.
La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, distintos sectores del radicalismo y representantes de partidos provinciales, mientras que fue rechazada por el Frente de Todos y la izquierda.
Los cambios en el sistema penal
El proyecto establece que “se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que al menos una de esas condenas se encuentre firme”. Así lo explicó la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Según detalló, la modificación busca evitar que los delincuentes reincidentes puedan acceder a beneficios como la libertad condicional o la excarcelación anticipada.
Rodríguez Machado argumentó que “hoy en día, muchos delitos no conllevan prisión inmediata, lo que permite que una persona que roba, por ejemplo, un quiosco, sea detenida y liberada en poco tiempo, sin que esto impacte en su historial como reincidente”. Con la nueva legislación, la reincidencia se aplicará con mayor rigor, ya que “bastan dos condenas para que se le nieguen los beneficios”.
Otro aspecto clave de la reforma es la incorporación de la “reiterancia” como criterio a evaluar por los jueces al momento de dictar prisión preventiva. Actualmente, esta decisión se basa en la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Con la nueva norma, los magistrados también deberán considerar si el imputado tiene antecedentes de haber cometido delitos similares.
Posturas en el debate
Desde la oposición, el diputado del Frente de Todos, Martín Soria, criticó la iniciativa al considerar que “no supera el mínimo test de constitucionalidad”. En su intervención, sostuvo que “se busca reemplazar la presunción de inocencia por la especulación sobre delitos futuros, estableciendo una suerte de futurología penal inédita”.
En contraposición, la legisladora radical Pamela Verasay destacó la efectividad de medidas similares en la provincia de Mendoza, donde “la implementación de este esquema redujo en casi un 50% los delitos contra la integridad física, incluidos homicidios y robos con armas de fuego”.
Por su parte, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, señaló que la reforma busca “agravar las penas para quienes eligen delinquir como forma de vida” y subrayó la necesidad de “dotar a la Justicia de herramientas concretas para combatir el delito organizado, el narcotráfico y el terrorismo”. Sin embargo, advirtió que “la mayoría de la doctrina penal, tanto a nivel nacional como internacional, se opone a este tipo de modificaciones”.
Finalmente, la diputada libertaria María Celeste Ponce defendó el proyecto afirmando que “pone fin a la fiesta de los delincuentes, que entran y salen del sistema judicial como si estuvieran en un parque de diversiones”.
Con la media sanción en Diputados, la iniciativa pasa al Senado, donde se prevé una discusión intensa. La resistencia de los sectores alineados con el kirchnerismo podría dificultar su aprobación, aunque desde el oficialismo confían en lograr los votos necesarios para que la reforma se convierta en ley.
