El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, rechazó un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para suspender la aplicación del protocolo de seguridad establecido por la ministra Patricia Bullrich. Sin embargo, anunció que su tribunal observará de manera presencial el desarrollo de la marcha de jubilados convocada para este miércoles 19 de marzo en el Congreso de la Nación.
La resolución se da en el marco de la acción de amparo presentada por el CELS contra la Resolución 943/2023, conocida como «protocolo antipiquetes». La organización había solicitado una medida cautelar para que se suspenda la normativa y se garantice la protección de los derechos de los manifestantes, periodistas y transeúntes, tras los incidentes registrados el pasado miércoles 12 de marzo.
El rechazo a la cautelar y la observación del operativo
Cormick argumentó que la suspensión del protocolo no podía ser resuelta como medida cautelar, ya que ello implicaría un pronunciamiento sobre el fondo del amparo, algo que requiere un análisis más profundo y la participación de todas las partes involucradas. En su fallo, el magistrado afirmó que «no es tarea del Poder Judicial intervenir en las competencias de los otros poderes del Estado» y que la cautelar solicitada «no puede prosperar en los términos en que ha sido deducida».
No obstante, el juez reconoció la gravedad de los hechos ocurridos durante la marcha anterior, donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con un saldo de 124 detenidos y al menos 46 heridos, incluyendo periodistas y efectivos policiales. Por ello, anunció que su tribunal se hará presente en la movilización de este miércoles «para observar presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda».
El contexto del reclamo y la postura del CELS
La marcha de jubilados es una convocatoria histórica que busca visibilizar el reclamo por mejoras en las jubilaciones y condiciones de vida del sector pasivo. Sin embargo, la protesta del 12 de marzo tomó mayor dimensión con la participación de diversas organizaciones políticas, barras de clubes de fútbol y otros sectores, lo que derivó en una escalada de tensión y hechos de violencia.
Desde el CELS habían solicitado al Ministerio de Seguridad que garantice el derecho a la manifestación pacífica y evite el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Además, pidieron que se proteja la integridad de periodistas y demás personas que se encuentren en la zona de la protesta.
El rechazo a la medida cautelar implica que el protocolo de seguridad seguirá vigente para el operativo del miércoles, aunque la presencia del juez Cormick y su equipo judicial podría influir en la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. El resultado de esta marcha será clave para evaluar el impacto y la aplicación de la normativa en futuras movilizaciones.
