El exintendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado en una causa por corrupción y su vivienda fue allanada por orden del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien investiga presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios que habrían generado un perjuicio económico estimado en 700 mil millones de pesos.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia presentada por la actual gestión municipal encabezada por Julio Alak, apunta a una supuesta connivencia entre funcionarios del gobierno de Garro y empresas privadas para autorizar emprendimientos urbanísticos en zonas no habilitadas, simulando legitimidad en el proceso.
Según la imputación del fiscal, el esquema de corrupción se habría extendido desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023. “Varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, señaló Condomí Alcorta.
En la causa también se encuentran imputadas otras siete personas y se investigan cuatro empresas vinculadas a los hechos. Entre los delitos que se les atribuyen figuran asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta.
La Justicia sospecha que el mecanismo utilizado consistía en rezonificar terrenos donde no estaba permitido construir, a través de ordenanzas especiales que habilitaban los proyectos. A cambio, se pagaban sumas infladas en concepto de plusvalía, beneficiando tanto a los funcionarios involucrados como a las empresas participantes.
En los allanamientos, realizados por la Dirección de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense, se secuestraron celulares y computadoras en la vivienda de Garro, en la Municipalidad de La Plata y en los domicilios de directivos de las firmas investigadas.
Uno de los puntos clave de la investigación es la firma del exintendente en diversos convenios urbanísticos. “Ha plasmado su conducta mediante firmas en los principales documentos que resultaron sumamente necesarios para la concreción del ilícito aquí investigado”, afirmó el fiscal en su imputación. Un ejemplo de ello es un acuerdo con la empresa Agrycon S.A., donde el costo original de una obra se elevó de 39 a 77 millones de pesos sin justificación clara en los expedientes municipales.
Entre los exfuncionarios investigados se encuentran María José Botta y Marcelo Genoro, quienes desempeñaron cargos en las áreas de Planeamiento Urbano y Obras Viales. Por el momento, el fiscal no ha definido las fechas para la declaración indagatoria de los imputados, ya que se encuentra analizando las pruebas recolectadas en los procedimientos judiciales.
Garro, quien también se desempeñó como subsecretario de Deportes del actual Gobierno nacional, dejó su cargo tras la polémica generada por sus declaraciones sobre Lionel Messi, a quien sugirió que debía pedir disculpas por un video en el que el plantel de la Selección Argentina cantaba una canción con contenido racista contra el equipo de Francia durante los festejos de la Copa América.
