El gobierno de Estados Unidos impuso una prohibición de ingreso a Cristina Fernández de Kirchner, en una medida que también alcanza a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, así como al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minnicelli. La decisión fue adoptada bajo el artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, normativa que se aplica a funcionarios extranjeros acusados de corrupción significativa o violaciones graves a los derechos humanos.
La resolución sostiene que «CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obra pública», lo que habría generado un perjuicio millonario para el Estado argentino. En este sentido, el documento menciona las condenas judiciales en su contra y las consecuencias económicas derivadas de estos actos, que, según el Departamento de Estado, minaron la confianza en las instituciones del país.
Un antecedente inédito para un exmandatario argentino
La aplicación de esta sanción marca un precedente inusual en la relación entre Argentina y Estados Unidos, ya que se trata de la primera vez que un expresidente argentino recibe una prohibición de ingreso por razones de corrupción. Más allá del impacto judicial, la decisión tiene una fuerte carga política, ya que se produce en el marco de un acercamiento entre la Casa Blanca y el actual gobierno argentino.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue quien impulsó la medida. Ya en diciembre de 2023, cuando aún era senador por Florida, había solicitado a la administración de Joe Biden que aplicara esta restricción contra Cristina Kirchner. Entre sus argumentos, Rubio señaló que la exmandataria «permitió que actores malignos como China e Irán consolidaran su influencia en Argentina» y que «su gestión estuvo marcada por casos de corrupción mientras el país atravesaba una profunda crisis económica».
Consecuencias y posibles implicancias
La prohibición de ingreso a Estados Unidos no solo restringe los movimientos de los involucrados, sino que también puede tener repercusiones en el ámbito financiero. En caso de que alguno de los sancionados posea bienes, cuentas bancarias o cualquier tipo de actividad comercial en territorio estadounidense, estas podrían verse afectadas por la resolución.
Por otro lado, la decisión llega en un momento de tensión política en Argentina, donde la figura de Cristina Kirchner sigue siendo central en el escenario público. La exmandataria, quien en los últimos años ha denunciado una «persecución judicial» en su contra, aún no ha emitido declaraciones sobre la sanción impuesta por el Departamento de Estado.
En los próximos días, se espera que esta medida tenga repercusiones tanto a nivel local como internacional, generando reacciones en distintos sectores políticos y diplomáticos. Mientras tanto, la resolución firmada por Rubio y avalada por el gobierno estadounidense confirma que la mirada de Washington sobre la política argentina sigue siendo un factor clave en la relación bilateral.
