El reciente destape de una mega estafa en los planes sociales de Neuquén generó conmoción y exige una reflexión profunda sobre la necesidad imperante de reformas estructurales y mayor transparencia en la administración pública.
Dos funcionarios clave del actual gobierno provincial se encuentran en prisión preventiva, más de 30 personas están imputadas y el fraude dejó un agujero de más de $153 millones en las cuentas del Estado provincial.
Por su parte, la fiscalía solicitó ampliar a ocho meses el plazo de investigación, y el embargo del patrimonio de los acusados. Una solicitud que la jueza de Garantías Carina Álvarez convalidó, subrayando la seriedad del caso.
La estafa reveló una estructura piramidal compleja en la que los líderes impartían órdenes a colaboradores, quienes ejecutaban roles específicos. La asignación y pago de planes sociales se convirtió en un sistema corrupto, donde los beneficiarios recibían solo una fracción del monto asignado, y el resto se desviaba ilegalmente.
El pedido de embargo abarca cuentas bancarias, billeteras virtuales, vehículos y propiedades inmuebles, además de las inhibiciones generales de bienes ya impuestas.
El caso se ve agravado por la presunta participación de altos funcionarios, incluyendo al ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el ex coordinador de Administración, Tomás Siengentharler. La investigación, que comenzó formalmente en noviembre de 2022, se extiende a través de diversas gestiones ministeriales, señalando la necesidad de una revisión profunda de los controles y la supervisión en el ámbito público.
La estafa de planes sociales tiene similitudes con el caso de “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense, donde hasta el momento están siendo investigadas 25 personas, que aparecen en documentos secuestrados en la casa del puntero del PJ.
La sociedad neuquina tiene derecho a respuestas claras y acciones inmediatas. La prisión preventiva de funcionarios clave y la solicitud de prisión domiciliaria para uno de los presuntos líderes de la asociación ilícita indican que la Justicia está tomando medidas, pero es esencial que la investigación se lleve a cabo de manera transparente e imparcial.
Este escándalo de corrupción también destaca la urgente necesidad de implementar reformas sustanciales en los procesos de asignación y supervisión de planes sociales. La confianza ciudadana debe restaurarse mediante acciones concretas que garanticen la integridad de las instituciones y la protección efectiva de los recursos públicos.
Las autoridades tendrán que asumir la responsabilidad, no sólo en el castigo de los culpables, sino también en la implementación de cambios significativos que fortalezcan los mecanismos de control y prevención. La mega estafa en Neuquén debe ser un punto de inflexión para un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas, sentando las bases para un gobierno más responsable y ético.
(NA)
