La Prefectura Naval Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboraron un nuevo protocolo específico para la prevención y detección del delito de trata de personas a bordo de buques pesqueros extranjeros. El documento fue publicado en el Boletín Oficial y ya está en vigencia, sumando una herramienta clave para la protección de los derechos humanos en el ámbito marítimo.
Este protocolo será aplicado exclusivamente por Prefectura, que actúa como autoridad policial en los espacios marítimos argentinos, y tiene como finalidad identificar posibles situaciones de trata durante el contacto con tripulantes de embarcaciones extranjeras que operan en cercanías de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
La iniciativa fue desarrollada por el Departamento de Investigaciones de Trata de Personas y el Equipo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos (EICEMAR), en colaboración con fiscales federales y expertos del Ministerio de Seguridad. El nuevo instrumento no modifica normativas previas, sino que las complementa con criterios operativos específicos, centrados en la realidad marítima.
Según detalla el protocolo, muchas tripulaciones extranjeras están expuestas a condiciones de alta vulnerabilidad, ya sea por engaños en el reclutamiento laboral, limitaciones idiomáticas, aislamiento prolongado o ausencia de controles jurisdiccionales en altamar. Estas circunstancias pueden facilitar la explotación laboral y delitos conexos, como la trata de personas.
Entre los indicadores clave que los efectivos deberán observar se encuentran el estado emocional de los tripulantes, las condiciones de vida a bordo, situaciones irregulares en la documentación, y el tipo de control que ejerce el capitán o la empresa armadora sobre la tripulación. El protocolo cuenta, además, con una guía clasificada de preguntas exploratorias que servirá de apoyo en las intervenciones.
También se prevé la elaboración de perfilamientos de riesgo, tanto de compañías armadoras como de tripulaciones, y se reforzará la capacitación del personal de Prefectura que participa en operativos desde medios aéreos, marítimos, sanitarios y de comunicaciones.
En los casos donde se detecte una situación compatible con trata de personas, se deberá dar intervención inmediata a la Justicia Federal, brindando la asistencia primaria al posible damnificado.
El protocolo se enmarca en una estrategia integral para combatir la trata en todos sus niveles, y está sustentado en convenciones internacionales, leyes nacionales y acuerdos multilaterales como el Convenio 188 de la OIT, que protege los derechos de los trabajadores del sector pesquero.
Con esta herramienta, la Prefectura Naval Argentina refuerza su rol como actor clave en la defensa de los derechos humanos en el ámbito marítimo, sumando capacidades frente a una problemática de alcance global.
