Juicio por YPF: un error millonario que ya le cuesta más de USD 17.000 millones a la Argentina

La medida no será ejecutada de inmediato: el Estado argentino apelará, lo que congela el traspaso por al menos 18 meses. Sin embargo, la noticia generó un fuerte impacto: las acciones de YPF se desplomaron más de un 5%, mientras que los papeles de Burford Capital, el fondo litigante, subieron más del 20%.

El origen del conflicto se remonta al 16 de abril de 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció con pompa la expropiación del 51% de las acciones de YPF, controladas por la española Repsol. “No es estatización, es soberanía”, dijo en su discurso, acompañado por Axel Kicillof, en aquel momento viceministro de Economía.

Lo que siguió fue una serie de decisiones desprolijas y técnicamente deficientes. Se le pagó rápidamente a Repsol, pero se ignoró a otros accionistas minoritarios que tenían derechos en la compañía. Estos inversores luego vendieron sus reclamos judiciales a Burford Capital, un fondo especializado en litigios que lleva más de una década impulsando la demanda.

El juicio tomó fuerza al plantear que la expropiación no respetó los estatutos ni la legislación vigente, y que el Estado argentino actuó como “alter ego” de YPF, lo que permite avanzar con embargos sobre bienes estatales.

La reciente orden de la jueza Preska —entregar el 51% de YPF como parte de pago— profundiza las consecuencias de aquel proceso fallido. La sentencia original ya establecía una indemnización de más de USD 16.000 millones, monto que suma USD 2,5 millones diarios en intereses y que ya superó los 17.000 millones de dólares.

Ante esta situación, el presidente Javier Milei apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la improvisada expropiación de 2012. “Es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof”, escribió el mandatario en sus redes sociales. Y agregó: “No le alcanzó con arruinar la economía argentina; ahora está destruyendo la provincia de Buenos Aires”.

El Gobierno aseguró que apelará en todas las instancias posibles y que defenderá los intereses nacionales. No obstante, la pesada herencia de un manejo político irresponsable sigue generando consecuencias económicas para todos los argentinos.

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