Este lunes se conocerá el veredicto del juicio por la muerte de 10 residentes del geriátrico Apart Los Incas, en el barrio porteño de Belgrano, quienes fallecieron en medio de un brote de coronavirus ocurrido en abril de 2020, en plena emergencia sanitaria.
El caso —uno de los más graves registrados en instituciones para adultos mayores durante la pandemia— involucra a cuatro imputados: los apoderados del geriátrico, Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, la directora médica Carla Raffo, y la exfuncionaria porteña Paula Trunzo.
La fiscalía y la querella solicitaron penas de entre 3 y 4 años de prisión efectiva para los tres primeros, acusados de homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias. Para Trunzo, exfuncionaria encargada del área de fiscalización, la imputación es por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Las claves del caso
El 21 de abril de 2020, un brote de COVID-19 en el geriátrico Apart Los Incas, ubicado en la intersección de Av. de los Incas y Zapiola, dejó un saldo de 28 residentes contagiados de un total de 33, y 10 muertes. Además, 10 de los 14 empleados también se infectaron.
Según la investigación judicial, hubo al menos nueve irregularidades graves que facilitaron la propagación del virus: entre ellas, no tomar la temperatura a los residentes, presionar al personal a seguir trabajando con síntomas, historias clínicas desactualizadas, y ausencia de hisopados.
Los familiares de las víctimas aseguran que los síntomas comenzaron una semana antes de que se activara algún protocolo. La notificación formal recién llegó dos días antes de que se clausurara el geriátrico, a través de un correo electrónico.
“Hace rato que tenía que haber cerrado”, declaró en su momento la hija de una paciente de 94 años. “Nos enteramos de que la asistente de mi mamá ya llevaba tres días internada en el Sanatorio Güemes”, dijo.
Un símbolo del abandono
El caso de Apart Los Incas se convirtió en un símbolo del abandono institucional y la falta de controles estatales durante la primera etapa de la pandemia. Fue el primero de varios geriátricos en la Ciudad de Buenos Aires que quedaron en la mira por similares situaciones.
Uno de los impulsores del reclamo fue el periodista y exfuncionario nacional Sergio Federovisky, cuya madre también vivía en el lugar. “Pedimos condena para los dueños, la médica y la funcionaria que no actuó cuando debía”, expresó públicamente.
El juicio y el cierre
Durante las últimas jornadas se presentaron los alegatos de la fiscalía y la querella, y este lunes se completaron los de la defensa. Se espera que el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires anuncie el veredicto en las próximas horas.
Para las esposas de los dueños del geriátrico, quienes también integraban el staff, se solicitó pena en suspenso.
El juicio no solo busca justicia para los familiares de las víctimas, sino también marcar un precedente sobre la responsabilidad de los responsables sanitarios y del Estado ante situaciones de emergencia en instituciones cerradas.
