El juez federal Sebastián Casanello citó al ex presidente Alberto Fernández para ampliar su declaración indagatoria este viernes a las 10 de la mañana en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo del sistema de seguros durante su gestión. La causa apunta al posible direccionamiento de millonarios contratos de seguros estatales, triangulados con brokers privados cercanos al entonces mandatario.
Fernández ya había declarado en noviembre de 2024, cuando el caso estaba en manos del juez Julián Ercolini. En aquella oportunidad, defendió la validez del decreto 823, que eliminó el sistema de coaseguro para concentrar las pólizas del Estado en Nación Seguros. Sin embargo, evitó responder preguntas ajenas a su defensa y trató de despegarse del rol de los intermediarios. “Fui el mayor enemigo de los productores de seguros”, afirmó entonces.
La ampliación de su indagatoria llega a pedido de su defensa, que busca responder antes de una eventual definición procesal. La rapidez en la citación responde, según fuentes judiciales, a un viaje previsto por el ex mandatario.
❗ Fallo clave de la Cámara: revocaron las inhibiciones a los acusados
En paralelo, la Cámara Federal revocó las inhibiciones de bienes dispuestas por Casanello en abril, una medida que afectaba a 51 personas y empresas, entre ellas ex funcionarios, brokers y compañías vinculadas al negocio de los seguros estatales. La resolución, dividida, cuestionó la falta de fundamentos para aplicar semejantes restricciones patrimoniales sin avances en las imputaciones.
El camarista Martín Irurzun consideró que las medidas “carecen de la debida fundamentación” y su colega Eduardo Farah apuntó que “no hay indicios de ocultamiento de bienes”. En disidencia, Roberto Boico votó por mantenerlas.
📂 La causa y las pruebas
El expediente cambió de juez en febrero de 2025, cuando venció la subrogancia de Ercolini y asumió Casanello. Desde entonces, el magistrado revisó el expediente completo, pidió nuevas pruebas y profundizó la línea investigativa.
Entre los nuevos apuntados figura Daniel “El Gordo” Rodríguez, un ex policía cercano a Fernández que administró la Quinta de Olivos durante su mandato. Casanello ordenó levantar su secreto fiscal y pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero un informe completo de su patrimonio desde 2015.
Uno de los elementos clave es un extenso informe de la PROCELAC (la Procuraduría de Criminalidad Económica), que reveló que Fernández le facturó a la firma del broker Héctor “Hecky” Martínez Sosa más de 4,2 millones de pesos entre 2010 y 2019 por supuestos “servicios profesionales”, incluyendo una última factura fechada cuatro días antes de asumir la Presidencia.
Martínez Sosa, su esposa, empresas intermediarias como Bachellier, San Ignacio y San Germán, y la histórica secretaria del ex presidente también están bajo la lupa judicial.
🔍 ¿Qué está en juego?
La causa podría convertirse en una de las investigaciones por corrupción más sensibles del último tiempo, por su alcance y porque compromete directamente al expresidente y su círculo íntimo. Las próximas semanas serán decisivas: Casanello deberá definir si procesa, sobresee o profundiza aún más las pesquisas.
Desde el entorno del ex presidente insisten en su inocencia, mientras que el gobierno actual, encabezado por Javier Milei, aprovecha cada avance judicial para cargar públicamente contra la gestión kirchnerista.
