Mientras el Gobierno nacional prepara el terreno para enviar su proyecto de reforma laboral al Congreso en sesiones extraordinarias, un dato estadístico encendió las alarmas en el sector privado y productivo: en Argentina hay casi 640.000 juicios laborales abiertos, una cifra que equivale al 10% de todos los trabajadores registrados del país.
El escenario genera una profunda incertidumbre en empresas de todos los tamaños, desde grandes industrias hasta los comercios de barrio que caracterizan al centro de Escobar y sus localidades. La preocupación central ya no es solo la litigiosidad en sí misma, sino las fórmulas de actualización monetaria que, en un contexto de alta inflación, transforman indemnizaciones corrientes en sumas impagables.
El caso testigo que sacudió el tablero
El debate sobre la sustentabilidad del sistema cobró nuevo impulso tras conocerse una sentencia judicial que otorgó una indemnización de $250 millones a un mozo con 26 años de antigüedad. El conflicto se originó en 2020, con un cálculo inicial de $9,4 millones, cifra que se disparó exponencialmente debido a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 3%.
Este mecanismo de indexación, sumado a criterios judiciales que surgieron durante la prohibición de despidos en la pandemia (como incluir propinas en el cálculo salarial), generó un «efecto bola de nieve» que amenaza con quebrar la ecuación económica de cualquier empleador.
Un sistema al borde del colapso
Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el volumen de expedientes es crítico. Actualmente, existen más de 308.000 juicios por accidentes de trabajo y cerca de 330.000 por despidos.
Esta masa de litigios no solo afecta a las empresas, sino que está desfinanciando a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). De hecho, la Superintendencia de Seguros ya debió inhibir a una de las compañías más importantes del mercado debido a que los juicios acumulados y sus intereses absorbieron su liquidez operativa.
En busca de una tasa lógica
Para las pymes y las cámaras empresariales, la situación es insostenible. La «industria del juicio», potenciada por tasas de interés que buscan empatarle o ganarle a la inflación pasada, genera pasivos que muchas veces superan el valor del propio negocio.
Ante esto, el Banco Central ha abierto una consulta pública para definir una nueva Tasa de Intereses Moratorios (TIM) que reemplace los esquemas actuales y ofrezca previsibilidad. La propuesta oficial busca un equilibrio entre proteger el crédito del trabajador y evitar la destrucción de las fuentes de empleo.
Expertos sugieren retomar esquemas similares a los utilizados tras la hiperinflación de 1989 (Comunicación BCRA 14.290), para intentar «desactivar la bomba» de los juicios acumulados hasta 2025. Mientras tanto, en los tribunales y en las oficinas de recursos humanos, la tensión crece a la espera de una reforma que ponga orden en los números.
