La Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada (AIEPBA) advierte que la crisis financiera pone en riesgo la atención y escolarización de miles de niños y jóvenes con discapacidad en todo el país.
Escuelas especiales y servicios educativos privados que trabajan con personas con discapacidad atraviesan una situación crítica. AIEPBA, la entidad que nuclea a más de un centenar de instituciones en Argentina, manifestó su apoyo al proyecto de ley de emergencia para el área de discapacidad, al tiempo que expresó su preocupación por el congelamiento de aranceles, la falta de actualización del nomenclador nacional y los atrasos en los pagos por parte del Estado.
“El problema no es administrativo, es estructural. Está en juego el derecho de chicos y chicas con discapacidad a aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, señaló Laura Giorgi, referente del área de educación especial dentro de la asociación.
El desfase entre ingresos y egresos se agravó durante los últimos meses. Según detalló Giorgi, las instituciones enfrentan una brecha superior al 70% entre los aranceles que perciben y los costos reales que deben afrontar. Mientras tanto, los salarios docentes y los gastos operativos (luz, gas, alimentos e insumos médicos) siguen aumentando.
A esta situación se suma otro problema grave: los pagos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud se demoran hasta 90 o incluso 120 días, lo que vuelve inviable sostener servicios esenciales y afecta directamente a la continuidad de la atención.
“Estamos al borde del colapso. El sistema no resiste más. Lo que antes se resolvía con ajustes parciales, ahora exige soluciones urgentes y de fondo”, sostuvo Giorgi.
Las consecuencias directas en las escuelas y los chicos
El impacto de esta crisis no es sólo financiero. Miles de niños y jóvenes están viendo afectada su escolarización, tanto en instituciones especiales como en escuelas comunes, donde necesitan apoyos específicos —como maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicólogos o psicopedagogos— que hoy no pueden sostener su tarea por falta de condiciones laborales adecuadas.
Desde diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar los valores del nomenclador nacional, la situación se agravó. Muchas instituciones ya operan con déficit crónico, y otras evalúan reducir servicios o cerrar sus puertas.
En La Matanza, por ejemplo, Alejandra Luciani, representante legal de la institución “Portal del Sol”, alertó sobre el deterioro del entramado que durante décadas sostuvo derechos básicos. “El congelamiento de valores y la burocracia paralizan al sistema. Hay un ataque silencioso a las redes de contención que tanto costó construir”, afirmó.
En Mercedes, Elena Sequeira, directora de “Vamos Creciendo”, denunció que las deudas por prestaciones superan los $278 millones. Una sesión de fonoaudiología, hoy valuada en $12.370, se paga con varios meses de retraso, mientras las familias deben afrontar otros gastos como transporte, ortopedia y medicación. “Presentamos presupuestos en diciembre y cobramos en septiembre. Es un sistema insostenible”, lamentó.
Ambas referentes coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol de ANDIS, dotándola de capacidad de auditoría, agilidad y justicia en la asignación de recursos. “Los derechos no se reclaman por caridad. Se exigen por ley”, subrayó Sequeira.
El llamado urgente a la acción
Desde AIEPBA remarcan que la discapacidad no distingue clases sociales ni situaciones económicas. Puede afectar a cualquier familia, en cualquier momento. Por eso, el Estado no puede delegar su responsabilidad.
“La educación especial no puede depender de malabares financieros ni de la paciencia de las familias. Necesitamos una respuesta institucional, rápida y efectiva, que garantice la continuidad de los servicios, la dignidad de los trabajadores y, sobre todo, los derechos de quienes más lo necesitan”, concluyó Giorgi.
