Un fallo judicial en Catamarca marcó un fuerte precedente en la discusión por las pensiones por invalidez. El Juzgado Federal N° 2 de esa provincia ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo máximo de 24 horas, todas las pensiones no contributivas que habían sido suspendidas y reintegrar los haberes retenidos a sus titulares.
La decisión fue adoptada por el juez Guillermo Díaz Martínez, quien además prohibió a la agencia aplicar nuevas suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva. Aunque la medida tiene alcance únicamente en Catamarca, especialistas señalan que podría ser utilizada como precedente en otras provincias.
Los argumentos de la demanda
El amparo fue presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo provincial. Los demandantes reclamaron que el decreto 843/24, que endureció los requisitos para acceder a la pensión (exigiendo una incapacidad total y permanente del 66% y la ausencia de empleo formal), resulta inconstitucional por violar los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos.
También denunciaron irregularidades en las auditorías: notificaciones defectuosas, plazos exiguos y centros de revisión alejados de los domicilios, lo que —según remarcaron— atentó contra el derecho de defensa y el debido proceso. Incluso señalaron que en algunos casos los beneficiarios se presentaron, pero no había personal disponible para evaluarlos.
La postura judicial
El juez consideró acreditada la vulnerabilidad del colectivo afectado y el carácter alimentario de las pensiones. Por ello, resolvió dictar la medida sin dar traslado previo al Estado Nacional, argumentando que una demora podría generar daños irreparables.
El magistrado también destacó que el Defensor del Pueblo de Catamarca tenía legitimidad para accionar en nombre del sector afectado, en un contexto donde el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación permanece vacante.
Alcance e impacto
En Catamarca, la suspensión de pensiones comenzó en julio y muchos beneficiarios se enteraron de la baja al no percibir sus haberes. Para los demandantes, el fallo significa una reparación inmediata y la posibilidad de que el criterio judicial se replique en otros tribunales.
En paralelo, el juzgado dispuso comunicar la resolución al Registro de Procesos Colectivos, lo que refuerza la posibilidad de que este caso sirva como referencia para futuros litigios en distintas jurisdicciones.
