El municipio vecino modificó el cobro de la Tasa de Protección Ambiental, aplicando un 2% directo sobre las compras en supermercados y mayoristas. Supermercadistas advierten subas inmediatas en los tickets y el ministro Caputo criticó la «voracidad fiscal» de los intendentes. ¿Cómo impacta en el consumo regional?
La decisión del Municipio de Pilar de modificar su esquema tributario ha generado un fuerte revuelo político y económico que trasciende las fronteras del distrito y pone en alerta a toda la Zona Norte. A partir de una reforma en la Ordenanza Fiscal, la «Tasa de Protección Ambiental» dejó de ser un monto fijo para convertirse en una alícuota del 2% sobre la facturación de grandes contribuyentes.
En la práctica, esto significa que cada vez que un consumidor —sea de Pilar, Escobar o alrededores— realice una compra en un supermercado, mayorista o shopping de ese distrito, el ticket final tendrá un recargo automático.
El impacto directo en el bolsillo La medida, impulsada por la gestión del intendente Federico Achával, despertó el rechazo inmediato de las cámaras empresariales. Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) advirtieron que la falta de tiempo para implementar el sistema y la magnitud del impuesto se trasladarán directamente a precios.
Los ejemplos son contundentes, especialmente en vísperas de las Fiestas:
- Una Canasta Navideña de $10.000 pasará a costar $10.165 solo por esta tasa.
- En bienes durables el golpe es mayor: una heladera de $1.500.000 sufrirá un aumento de casi $25.000 adicionales.
El cambio afecta no solo a los supermercados, sino también a hoteles, industrias y universidades privadas que actúan como agentes de recaudación. Sin embargo, los comercios de cercanía (almacenes, carnicerías o ferreterías) quedaron exentos de esta obligación.
Cruce político: «No van a aprender nunca»
La medida escaló rápidamente a la esfera nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para apuntar contra los jefes comunales que aumentan la presión fiscal. «Mientras trabajamos para bajar impuestos, los intendentes los suben como si nada. No les interesa la gente», disparó el funcionario, exponiendo la tensión entre la «motosierra» nacional y la necesidad de caja de los municipios ante la caída de la coparticipación.
El laberinto de las tasas municipales
El caso de Pilar no es aislado, sino el síntoma de una problemática mayor: la «adicción fiscal» de las comunas. Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), las industrias pagan en promedio 7,4 tasas municipales diferentes, muchas de las cuales no tienen una contraprestación real de servicio (como barrido o seguridad), sino que funcionan como «impuestos encubiertos» sobre las ventas.
Expertos del Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) explican que, ante el recorte de fondos nacionales y provinciales, los municipios buscan recaudar de donde pueden. Esto genera distorsiones graves:
- Encarece el crédito: Los bancos trasladan los costos de las tasas locales a las líneas de crédito de todo el país.
- Doble imposición: Se paga tasa municipal e Ingresos Brutos provincial sobre la misma base.
- Fuga de inversiones: Empresas como el Banco Nación ya han anunciado el cierre de sucursales en distritos con presión fiscal excesiva (como ocurrió en La Matanza) para mudarse a municipios más amigables al capital, como Tres de Febrero.
Mientras la discusión avanza, los consumidores de la región deberán prestar atención a sus tickets de compra, en un fin de año donde la inflación parecía ceder, pero los impuestos locales vuelven a presionar los precios hacia arriba.
