Este conglomerado de empresas estatales alberga a una cantidad de 105 mil empleados públicos y le cuestan millones de dólares al país todos los días.
La vuelta del “Estado empresario” en 2003 significó un costo sideral para la sociedad argentina. Se estima que las 31 empresas estatales más importantes del Sector Público Nacional (SPN) recibieron asistencia por 5 mil millones de dólares del Tesoro en 2023, un monto equivalente a un sexto de toda la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en solo 12 meses.
Este cómputo no sólo incluye a las transferencias para solventar el déficit operativo de las empresas, que actualmente oscila en el 0,5 por ciento del PBI, sino también el costo por transferencias de capital y contribuciones figurativas. Entre todos los costos, el presidente Javier Milei indicó que las empresas estatales le cuestan al país hasta el 1% del PBI cada año.
Simplemente, el déficit operativo del conjunto de estas entidades es equivalente a todo lo que se gasta en sostener el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con lo cual, sin el Estado empresario se podrían duplicar las asignaciones sociales sin incurrir en mayor déficit fiscal.
Sumando al conjunto de costos y transferencias, el 1% del PBI que pierden las empresas públicas supera a todo lo que se gasta en la AUH y en la Tarjeta Alimentar puestas juntas. El Gobierno kirchnerista despilfarró millones de dólares en subsidiar empresas bajo su órbita, en lugar de atender la cuestión social frente a la aplastante crisis económica.
Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el orden de prioridades cambia en favor de los estratos más humildes de la población. Se ajusta el Estado, se buscará privatizar las empresas públicas, y al mismo tiempo se anunciaron aumentos en los principales programas sociales sin intermediación.
En total, el conjunto de las 31 empresas estatales nacionales que más pérdidas generan involucran un total de 105 mil empleados públicos, explicando así una planta de personal sobredimensionada.
Cerca de 17.700 agentes de este total son empleados en el Banco Nación, una entidad que retiene más del doble de personal que cualquier otro banco privado en el país. Un total de 17.300 empleados son nucleados por el Correo oficial; Aerolíneas Argentinas mantiene 11 mil empleados; AySA a más de 7 mil; y los corredores viales recientemente estatizados suponen un personal de 4 mil personas, entre muchas otras empresas bajo la mira del Gobierno.
Las privatizaciones también supondrían una gran afluencia de recursos para las arcas del Tesoro, recursos que se generan por única vez y que podrían ser utilizados para cancelar deuda del BCRA en caso de denominarse en pesos, en robustecer reservas si las ventas se efectúan en divisas, cancelar compromisos de deuda pública, realizar obras públicas en donde el sector privado no tenga interés inversor, etc.
Se estima que el Estado logró captar ingresos adicionales por el equivalente al 0,7 por ciento del PBI cada año durante la década de los ’90, y en algunos años este umbral llegó a acercarse al 2% del producto.
(Nova)
