En la apertura legislativa del 2022, Alberto Fernández anunció la actualización de la ley de Discapacidad, que es de los ´70. Por qué no se concretó a pesar de que hubo un proceso de audiencia pública con alta participación.
Se puede ver el video de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1° de marzo de 2022 o directamente leer la lista de objetivos previstos para ese año por el Presidente Alberto Fernández: en los dos casos sobresaldrán las promesas incumplidas. Entre ellas, el proyecto de una nueva ley de Discapacidad, texto que el Gobierno esperaba enviar al Congreso ese año y que, pasados casi 20 meses, no fue elevado a ninguna cámara legislativa.
Consultado por esta demora, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, explicó que, si bien “el texto ya está escrito”, la demora excede el alcance de la Agencia. El proyecto, como se verá debajo, debía pasar por una serie de postas burocráticas.
El tema no le es indiferente, desde ya. No solo por el perjuicio que esto les genera a las más de cinco millones de personas con algún grado de discapacidad, sino por el papelón que sufrió la Argentina en marzo de este año, cuando la ONU emitió un lapidario informe sobre el retraso que tiene el país en esta materia.
Hay quienes, aun así, se preguntan si hace falta una nueva ley de Discapacidad o si el problema es el incumplimiento del cuerpo normativo que ya existe.
Nadie empapado en los problemas que sufren las personas con discapacidad discute que la normativa 22.431, que se remonta a los años de la última dictadura militar (1981), adolece de preconceptos anacrónicos y no garantiza los derechos definidos en la Convención Internacional sobre los de Derechos de las Personas con Discapacidad, texto al que la Argentina adhirió en 2008 (a través de la ley 26.378) y que, además (por la ley 27.044), tiene jerarquía constitucional.
Mientras se avecina el 30 de noviembre, día en que cerrarán las sesiones ordinarias del Congreso (justo antes del recambio presidencial y legislativo) y cuando “la discapacidad está cada vez peor, con más problemas”, usando las palabras de Alejandro Cytrynbaum, referente de la Red Argentina T21 y secretario general de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), el consenso sobre la urgencia de impulsar una nueva ley parece unánime.
Por qué se demora la nueva ley de Discapacidad
Al mando de la ANDIS (organismo dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, emisor -entre otras tareas- del famoso Certificado Único de Discapacidad, o CUD), Galarraga detalló el sendero del proyecto de ley que auspició el Presidente hace 20 meses: “Hasta junio de 2022, se hizo un proceso de audiencias con todos los actores. Fue una consulta abierta que, una vez terminada, nos dejó un gran trabajo interno, en tanto había que sistematizar los aportes que se habían hecho”, arrancó.
La tarea fue ardua, describió Galarraga: en las audiencias, que fueron seis, participaron 1.200 oradores, cada uno con su particular mirada sobre lo que se debía incluir en una nueva normativa.
Cada reunión representó una región del país. La de Tucumán fue en representación del NOA; la de Chaco, por el NEA; la de Córdoba, por la región Centro; en San Juan se hizo la de Cuyo y en Neuquén, la de Patagonia. La sexta fue realizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
“Además, abrimos un formulario web para recibir aportes. Llegaron más de 12.000. Muchos de ellos, documentos enteros elaborados en foros, universidades y organizaciones de todo el país”, agregó Galarraga, y resumió: “Realmente llegamos a tener un montón de material y con todo eso se trabajó durante muchos meses, sistematizando un borrador de la ley”.
En la otra vereda están las asociaciones participantes. “Nosotros, tanto desde ASDRA como desde Argentina T21, que representamos a la mayoría de las organizaciones de Síndrome de Down del país, hicimos un aporte muy completo, que en su momento le mandamos a la ANDIS”, compartió Cytrynbaum, antes de lanzar: “Jamás tuvimos respuesta. No vimos ningún borrador del proyecto de ley ni nos respondieron nada. No estamos al tanto de nada”.
Pero ya en septiembre de 2022, hace más de un año, la ANDIS sacó una resolución oficial (1661/2022) en la que aprobó el informe final que condensaba las propuestas esbozadas en las seis audiencias.
Ahí se planteó una promesa: “Hágase saber que todas las opiniones y aportes serán contemplados con el objetivo de analizar su incorporación en el texto del proyecto de la Nueva Ley”.
El paso siguiente, repasó Galarraga intentando justificar la demora, era darle forma de proyecto a ese material. Lo hicieron y “tiene más de 140 artículos”, describió. Aclaró que se tomaron en cuenta las “objeciones de las Naciones Unidas” mencionadas arriba, lo que obliga a abrir un pequeño paréntesis.
Las falencias de Argentina en Discapacidad, según la ONU
“En el informe emitieron recomendaciones para el Estado”, interpretó Galarraga, en alusión al pedido de la ONU de alinear las políticas de discapacidad con la Convención internacional a la que adhirió el país en 2008.
Sin embargo, vale la pena demorarse en ese documento para entender que implica algo más que una serie de recomendaciones.
Argentina (Galarraga, en concreto) había presentado un informe sobre los avances del país en materia de Discapacidad. Fue el 15 de marzo de este año, en las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La respuesta, o sea, el diagnóstico de la ONU con respecto a esos avances, fue comunicado unos días después, el 24 de marzo de 2023. ¿Qué dice?
Se trata de una extensa descripción de puntos, discriminado por apartados, en tipografía Times New Roman, tamaño 10: Media carilla se dedica a una introducción protocolar; una entera, a destacar los puntos positivos en los avances nacionales. Y a las cuentas pendientes del país en Discapacidad les tocan nada menos que largas 20 páginas.
La expresión “al Comité le preocupa que” y “el Comité ve con preocupación que” aparece 28 veces. El verbo “recomienda”, usado en el contexto de lo que la ONU le sugiere hacer a la Argentina, otras 27 veces.
Todos los temas importantes sobre la vida de una persona son abordados ahí. Desde la “falta de datos completos y desglosados sobre las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida”, lo que afecta cualquier chance de ser beneficiado por alguna política pública, hasta problemas enormes como la falta de inserción (laboral, educativa…).
También aluden temas bien específicos relativos a la accesibilidad, como “las dificultades de las personas con discapacidad para participar de la plataforma digital del Censo 2022”, o la imposibilidad para disfrutar de un destino turístico, dada la falta de infraestructura adecuada.
Los temas urgentes en Discapacidad
En uno de los párrafos finales, el Comité de la ONU destaca una serie de cuestiones “urgentes”. Dejando de lado la actual crisis del sistema de salud, cuestión que se agrava en materia de discapacidad, remarcan tres puntos: 1) tener igual reconocimiento como personas ante la ley, 2) tener derecho a vivir de forma independiente y, 3) ser incluidos en la comunidad.
Cytrymbaum coincidió con ese diagnóstico: “¿Las dos o tres cosas que deberían cambiar cuanto antes? Crear una ley de apoyos personales, porque buscamos cumplir con el derecho a vivir en forma independiente y ser incluidos en la comunidad”.
Además, está “el viejo reclamo de no tener una base de datos oficial. No existen números y, sin datos oficiales, no hay información para que el Estado reconozca a las personas y garantice sus derechos”.
Lo tercero es impulsar “la educación inclusiva de calidad. Cerca del 45% de los estudiantes con discapacidad asiste a escuelas de modalidad especial y deberían estar en escuelas comunes, según la Convención”.
Se suma la cuestión laboral, ya que “el cupo del 4% de personas con discapacidad en las dependencias del Estado no se cumple”.
Adónde fue a parar el proyecto de la nueva ley de Discapacidad
En la entrevista, Galarraga explicó que, “una vez redactado el primer borrador, se empezó un trabajo interministerial porque, al ser una temática transversal que les competía a todas las áreas del Estado y no sólo a la ANDIS, era necesario un trabajo de articulación de consenso”.
Es decir que había que “definir la letra chica de los artículos, las competencias… un proceso enormemente largo”, describió.
“Pero está concluido. Llegamos a la instancia, que fue larga, de tener la conformidad de todas las autoridades ministeriales, desde donde vinieron distintas clarificaciones sobre los fundamentos y alcances”, apuntó.
Ahora bien, para que llegue realmente “a la Secretaría Legal y Técnica (siguió) y, así, al Presidente, cosa que él lo eleve al Congreso, el proyecto tiene que tener conformidad de todas las autoridades políticas”, detalló Galarraga. O sea: falta la firma final, el “ok” definitivo de cada ministro.
Desde esa entrevista, hecha la última semana de septiembre, Clarín no logra establecer comunicación con el director de la ANDIS para actualizar la cuestión. Hasta donde se pudo averiguar, ningún proyecto de Discapacidad llegó todavía al Congreso.
En esos días, había explicado que “ya pasó por Educación, por Desarrollo Social, por Cancillería, por Salud, por Trabajo…”.
Y fue optimista: “Cerramos cuando pase por Interior y por Economía”. La intención es que se eleve “antes de concluir el mandato”. En realidad, se corrigió, “antes de que terminen las sesiones ordinarias del Congreso. Es el 30 de noviembre”.
(Clarín)
