Como medida de fuerza realizaron una retención de firmar. El gobierno de Axel Kicillof los convocó a una mesa técnica. Reclaman el pago de un adicional acordado con la Suprema Corte.
El reclamo de peritos oficiales por pago de un adicional acordado con la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires pone en duda la continuidad del servicio de justicia en los 20 departamentos judiciales bonaerenses, confirmaron fuentes gremiales.
Este miércoles 28 de febrero los peritos realizaron una jornada de protesta que consistió en no firmar ninguna pericia oficial, lo que implica de hecho la paralización parcial de los expedientes judiciales a los que deben sumarse las pericias oficiales.
La medida de reclamo impacta en todos los fueros del poder judicial bonaerense, el segundo más grande de América del Sur solo superado por el del populoso estado de San Pablo, Brasil.
Los forenses reclaman el pago de un plus por título equivalente al 15% del salario, medida reconstructiva del poder adquisitivo de los profesionales que fue acordada con la Suprema Corte provincial, pero esa recomposición no fue liquidada por la administración del gobernador Axel Kicillof.
“Los reclamos son en el marco de una emergencia en el sector pericial judicial por el pago de una bonificación por el bloqueo del título, que aquellos peritos de distintas especialidades, sean psiquiatras, psicólogas, o ingenieros, no cobran, pero sí de otras profesiones como abogados”, detallaron.
Tras la primera medida de protesta, desde el gobierno convocaron a una mesa técnica para intentar arribar a una solución junto a dirigentes gremiales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). El encuentro está previsto para este viernes 1 de marzo. Esta irregularidad afecta a los tres mil peritos que se desempeñan en todo el territorio provincial.
Fuentes gremiales confirmaron que, de no ejecutarse una solución rápida, la próxima semana se profundizará el reclamo. Este jueves se reunió la comisión directiva provincial de la AJB para analizar “el alcance de la medida de fuerza y la continuidad de los reclamos”, informaron oficialmente desde la organización sindical.
La principal función del perito es proporcionar un análisis técnico e independiente, sobre unos hechos y pruebas objetivas, que ayuden al tribunal o juez a dictar una resolución justa. Por esta razón, el trabajo de los peritos consiste, básicamente, en elaborar informes o dictámenes periciales.
Pero esos informes deben estar avalados con la firma del o los profesionales intervinientes. La carencia de este requisito hace imposible que esos dictámenes puedan sumarse a los expedientes en curso, lo que genera la paralización de los mismos.
Ya en 2023 el sector de los peritos denunció también la sobrecarga laboral por el constante incremento de la litigiosidad. En ese marco también hicieron foco en que “muchos profesionales renuncian por los sueldos bajos, para preservar su salud o porque su experiencia y conocimiento es mejor remunerada en otras instituciones”.
Esta problemática pone en situación de crisis a miles de causas penales, de familia y otros fueros. No se firmaron los análisis de ADN en investigaciones de homicidios o abusos sexuales. Tampoco los estudios genéticos para determinar las filiaciones parentales de las personas que buscan a sus padres o familias.
En este marco de tensión salarial también surge con fuerza la falta de materiales para poder realizar las pericias. Fuentes judiciales señalaron que hay “demoras importantes” en la realización de pericias por la carencia de algunos insumos fundamentales y elementos de laboratorio, situación que se renueva con la crisis económica del país que impacta con fuerza en la provincia de Buenos Aires, el territorio más importante por su poder de generación de riquezas y su nutrido padrón de votantes, ya que es el principal bastión electoral argentino.
La magistratura bonaerense sigue con preocupación este tema ya que son los jueces, fiscales, defensores oficiales y abogados particulares la primera caja de resonancia del conflicto que debe ser solucionado en la cúspide de la administración provincial.
Antecedente cercano
Durante el año 2023, trabadores y peritos judiciales advirtieron sobre todos estos problemas y declaración la “emergencia” del sector. Durante el mes de junio realizaron un reclamo masivo frente a la Suprema Corte provincial, donde alertaron sobre sobrecarga laboral en el sector y pidieron nombramientos de personal.
“Estamos visibilizando una situación de colapso de la función pericial que no da para más y que está afectando la salud de miles de peritos en todos los departamentos judiciales”, señaló entonces Érica Velázquez, integrante de la Comisión Provincial de Peritos del gremio.
Y explicó que la concentración frente a la Corte bonaerense fue para reclamar al máximo tribunal que tome “medidas urgentes para solucionar la Emergencia del sector”.
“Es imperioso que se concrete el nombramiento de personal nuevo, la jerarquización salarial y funcional del sector y la creación de nuevas dependencias ante el enorme crecimiento de causas en los distintos fueros”, señaló.
Cuatro meses después, en octubre, realizaron otra medida de protesta en toda la provincia de Buenos Aires. Pero ya en octubre de 2022 se advirtió que hacía más de un año la Corte bonaerense no realizaba ADN para casos de filiación.
Una enorme demora en la licitación pública para comprar los insumos con que se toman y procesan las muestras genéticas se combinó con la escasez de recursos humanos en la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense, el organismo encargado de hacer estas pericias. Entonces había un solo profesional para ocuparse de todos los casos de filiación de la provincia de Buenos Aires.
(Border Periodismo)
