Incompetencia, severas fallas administrativas y moras judiciales inexplicables estarían detrás del descubrimiento de centenares de féretros y una cantidad aún no estimada de huesos.
La conjunción de incompetencia, severas fallas administrativas y laberintos judiciales que derivan en moras inexplicables serían los elementos claves para entender el trasfondo del macabro hallazgo de centenares de féretros y una cantidad aún no estimada de restos óseos en el Cementerio Municipal de esta capital, donde desde hoy la Justicia trabaja para encontrar la manera de resolver semejante desaguisado lo antes posible.
Con el auxilio de peritos forenses, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15 de esta ciudad, María Cecilia Corfield, comienza en estas horas la tarea tan imprescindible como engorrosa de deslindar, en primer lugar, los restos que poseen trazabilidad de aquellos cuyas huellas identitarias se perdieron en medio del desorden y la ostensible impericia.
Si bien desde la fiscalía no se desestima la posibilidad de que hayan existido delitos, el establecimiento de esta primera línea de trabajo pone el foco en el colapso y mal manejo operativo de la necrópolis.
Con el objetivo de poder establecer una línea de trabajo, Corfield reunió el jueves pasado a especialistas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad. En el encuentro, donde se intercambiaron ideas sobre cómo abordar la situación, estuvieron también presentes el fiscal federal Hernán Schapiro, que investiga la desaparición de Jorge Julio López, y varios integrantes de la Asociación Civil Miguel Bru, encabezados por Rosa Schonfeld, la madre del estudiante de periodismo desaparecido desde 1993, quien solicitó a la Justicia una medida cautelar para permitir el contraste de una muestra de ADN de su hijo con el de los restos hallados. Algo similar había pedido ante el fuero federal el abogado Alfredo Gascón en representación de la familia de López, cuyo paradero se desconoce desde noviembre de 2006. Estos peritajes parecen de muy dificultosa concreción, ya que su ejecución choca contra la falta de recursos, advirtieron fuentes judiciales consultadas.
En la investigación del caso López aún está pendiente un peritaje, a cargo del Sifebu, sobre 66 cuerpos inhumados como NN en el cementerio platense que fue ordenada por la Justicia hace más de un año y todavía no pudo concretarse.
Varios de los presentes en el cónclave encabezado por la fiscal, del que también participaron representantes del municipio, manifestaron su preocupación por la alarma y angustia que el caso provocó en la población –especialmente en sectores ligados a la defensa de los derechos humanos– y la crudeza de las imágenes distribuidas desde la intendencia y difundidas en los medios de comunicación. Por ello, Corfield, que apunta ahora a bajar lo más posible el perfil que adquirió el tema en la prensa y las redes sociales, dispuso acotar el acceso a los depósitos donde se produjo el descubrimiento y restringir la información al periodismo.
La principal inquietud que genera el hallazgo en el cementerio de La Plata se concentra en dos tipos de víctimas: muertes como producto de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y aquellas derivadas de la inundación que azotó a la ciudad el 2 y 3 de abril de 2013. Si bien los testimonios de empleados y exfuncionarios coincidieron en desestimar la posibilidad de que, entre los cuerpos hallados, se encuentren víctimas de aquella tragedia, fuentes judiciales prefirieron no descartar ninguna hipótesis por el momento.
En estas horas, la fiscal pondrá a trabajar a sus colaboradores junto a grupos de expertos que empezarán por intentar delimitar el campo de acción para poder definir una forma de trabajo para intentar avanzar en la identificación y posterior inhumación de los restos. Algo que les urge a las autoridades municipales para intentar normalizar la actividad del cementerio.
Al mismo tiempo que se hace el primer deslinde de los restos que poseen identificación, se realizará una suerte de inventario donde consten todos los elementos descubiertos, incluidos los féretros vacíos y otros elementos funerarios encontrados en los galpones. Ese trabajo permitirá, por un lado, saber con exactitud la dimensión del hallazgo, pero también servirá para iniciar gestiones ante los tribunales que correspondan para la liberación en el caso de restos que se encuentren inmovilizados por alguna medida judicial.
El 20 de febrero último, la intendencia denunció que producto de una auditoría interna se habían encontrado 501 ataúdes –22 eran de niños– y unas doscientas bolsas de nylon con restos en su mayoría sin identificar. Pocas horas después amplió la denuncia a partir del hallazgo de otros dos depósitos con bolsas en similares condiciones. Respecto de la cantidad del segundo hallazgo, hay dudas. Si bien por un lado la Justicia dejó trascender que el director había informado el descubrimiento de unos 1000 cuerpos, horas más tarde, la municipalidad informó en un comunicado que se trataba de “2000 bolsas con restos”.
Primeros pasos
Una de las primeras tareas estará en manos del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyos miembros deberán revisar la situación en al menos dos depósitos en los que trabajaron durante varios meses en 2014 por pedido de la Cámara Federal de Apelaciones en el marco de la causa “APDH La Plata s/ denuncia”, en la que se investiga el destino final de numerosas víctimas de la última dictadura militar en esta región. “En ese momento se cumplió con la tarea encomendada, no se halló nada de interés para la causa y se elevó el correspondiente informe a las autoridades judiciales”, dijeron fuentes de la entidad, desde donde se recalcó que al concluir la tarea en el cementerio platense los restos peritados fueron dejados en orden y rotulados con su correspondiente identificación. Nadie sabe, a ciencia cierta, la razón por la cual, pasados 10 años del peritaje la Justicia aún no permitió liberar esos restos. De todas formas, varios de los expertos consultados indicaron que el cúmulo de restos estudiados por el EAAF representaría apenas una décima parte de todo lo encontrado ahora por los nuevos funcionarios a cargo del lugar.
Una de las pocas certezas es que el problema lleva años y tiene su origen en la saturación del sistema de reciclado y reducción que posee la necrópolis, cuyos dos osarios se encuentran colapsados hace tiempo. A ello se suman las medidas cautelares dictadas por la Justicia que decretaron la inmovilidad en varios sectores del predio.
“Esto lo sabía todo el mundo. Hace décadas que está así”, aseguró Adrián Ferreyra, ex titular del Cementerio durante la gestión de Julio Garro, quien subrayó que sus superiores estaban en conocimiento de la situación. En la misma línea, la actual subdirectora del cementerio, Alicia Aquino, explicó que “el problema de base es el colapso de los dos osarios existentes en el predio. Todo cementerio tiene un sistema de reciclado, un procedimiento operativo que va movilizando los cuerpos desde las bóvedas, nichos o sepulturas en tierra hasta llevarlos a una fosa común u osario. Eso está fijado por procedimiento de oficio y ahí radica la falla”. Aquino apuntó a la administración del intendente Pablo Bruera (entre 2007 y 2015) como la que permitió que se “hiciera un cuello de botella” y a su sucesor, Garro (2015 a 2023), por no adoptar las medidas necesarias para resolver la situación.
“Para nosotros es imprescindible determinar cómo se llegó a esto y quienes son los culpables”, apuntó el actual secretario de Gobierno municipal, Norberto Gómez, titular del área de la que hoy depende el camposanto.
Independientemente de las responsabilidades que la Justicia pueda achacar a los funcionarios, el cementerio presenta un estado de abandono que no solo ha transformado el lugar en una verdadera ruina, sino que ha facilitado la actividad delictiva. Los robos y el vandalismo son moneda corriente desde hace años. A lo largo del tiempo hubo casos escandalosos. En 2011, a raíz de una denuncia interna, dos empleados fueron detenidos acusados de comercializar huesos robados del predio; en la casa de uno de ellos se halló un pozo con centenares de piezas óseas. De esa pesquisa surgió la idea de que podría haber tráfico de órganos, aunque nunca se pudo comprobar. Lo mismo que, años más tarde, la alerta sobre la existencia de una mafia que comercializaba espacios vacantes ilegalmente. Al habitual robo de los ornamentos de bronce de los sepulcros, se sumó ahora la sustracción reiterada de las herramientas de los empleados e incluso de las camisetas de fútbol que suelen colgarse sobre las cruces más humildes.
(La Nación)
