Se los acusa de utilizar fondos públicos para beneficio propio y solventar campañas políticas. Juan Grabois y los ex funcionarios públicos Anabel Sagasti; Jorge Tanus y Fernanda Ramona Miño en el ojo de la tormenta.
La polémica por el Fondo de Integración Social Urbano (FISU) llegó a los tribunales federales. El abogado Jorge Luis Vitale denunció penalmente al dirigente social Juan Grabois y los ex funcionarios públicos Anabel Fernández Sagasti; Jorge Tanus y Fernanda Ramona Miño para que se los investigue por el presunto de delito de malversación de caudales públicos, negociación incompatible con la función pública y violación a los deberes de funcionario durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.
Jorge Luis Vitale es Titular del Tomo 8 Folio 734 del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, e inició acciones judiciales al conocerse públicamente que una auditoría gubernamental habría detectado que el FISU sólo construyó cuatrocientas de las 6.517 obras que el Estado le asignó para urbanizar villas de diferentes localidades argentinas.
En su denuncia sobre este fondo, que se compone con el 9% del monto recaudado con el impuesto País y el 15% del Fondo de Integración Social Urbano, el letrado porteño sostuvo que el dinero al fideicomiso se transfería desde una unidad administrativa del estado (BIFISA) a cargo de Sagasti y Tanus, y por la secretaría de Integración Socio Urbano, cuya máxima responsable era Miño, quien integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), dirigido por Grabois.
Acusado por el ex secretario de comercio Guillermo Moreno de ser un denunciador serial que sólo busca fama, Vitale aportó como prueba los recortes periodísticos de sendas notas publicadas en los diarios La Nación y Clarín donde, según él, “se puede comprobar brevemente lo expuesto por el vocero presidencial respecto a las ‘cajas políticas’ y los fondos que no llegaron a destino”.
Cuando todavía se aguarda el pronunciamiento inicial del magistrado interviniente, el denunciante afirmó en su presentación que este fondo habría manejado 1.244 millones de dólares, y que el gran aumento se habría producido en la época previa a las elecciones presidenciales, donde el espacio oficialista Unión por la Patria tenía como sus dos pre-candidatos a Juan Grabois y Sergio Massa.
“Parte de ese dinero fue utilizado para beneficio propio o financiar la política en las provincias, esto ya era de conocimiento desde el año 2022 y por supuestas amenazas del mismo Juan Grabois se lo dejó de auditar”, expresó Vitale en la causa penal donde aseveró que la auditoría habría constatado la existencia de “sobrefacturación y muchos millones de pesos en viajes y gastos no rendidos”.
Como antecedentes más resonantes, Vitale inició en mayo de 2011 una causa penal con Sergio Schoklender por la supuesta violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, defraudación a la administración pública y abuso de autoridad a través del plan de viviendas Sueños Compartidos, que involucró a los entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; ministro de Planificación, Julio De Vido; y a la titular de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Con idéntico destino de archivo tras ser desestimada, también denunció penalmente a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y el ex mandamás del Banco Central, Martín Redrado, a quienes les endilgó un supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público porque habrían pretendido destinar reservas para la creación del Fondo del Bicentenario.
(Realpolitik)
