El aumento del presupuesto universitario anunciado por el gobierno se enfrenta a la ratificación del paro por parte de los docentes, quienes demandan mayores recursos para afrontar los desafíos económicos y garantizar la calidad educativa en las universidades públicas.
El gobierno de Javier Milei respondió a las demandas de las universidades nacionales y los gremios universitarios mediante un incremento del presupuesto destinado a estas instituciones. Estas medidas buscan abordar las preocupaciones planteadas por los gremios y aliviar la tensión existente en el ámbito universitario.
El ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, confirmó un aumento del 70% en el presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de las universidades. Esta decisión, impulsada por la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, tiene como objetivo principal hacer frente al aumento de las tarifas de servicios esenciales como la electricidad, el gas y los insumos de mantenimiento.
Sin embargo, la respuesta sindical al comunicado oficial fue contundente. Antonio Rosselló, secretario de Asuntos Sociales y Paritario Nacional de la CONADU Histórica, indicó que “este ajuste disfrazado de “incremento” en el presupuesto no solo es insuficiente, sino que en realidad representa un ajuste sobre áreas fundamentales como la educación, la salud, la ciencia y la investigación en las universidades públicas”. Rosselló hizo hincapié en el alto nivel de inflación proyectado para el año 2024, según datos del REM del BCRA, que asciende al 210%.
El dirigente sindical criticó además la justificación dada por el ministerio de Capital Humano, argumentando que el aumento propuesto no alcanzaría para cubrir ni siquiera los gastos en servicios e insumos, que se verán impactados por el aumento exponencial de las tarifas.
En este sentido advirtió sobre la crisis derivada de la devaluación de la moneda, que afecta especialmente a los insumos mayormente importados y señaló que existe una suspensión de obras de mantenimiento debido a deudas acumuladas con los contratistas.
En este contexto, los referentes del sector ratificaron la medida de fuerza mediante un paro en 57 universidades nacionales. Esto implicará la suspensión de todas las actividades docentes, de extensión e investigación, así como de las tareas administrativas.
Los empleados universitarios exigen un aumento del 100% en los salarios, destacando la importancia de esta medida para compensar el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y no docentes.
(BorderPeriodismo)
