Elizabeth Mamani aceptó ante la Justicia que todos los meses exigía el pago de un porcentaje del plan. La mujer formaba parte del comedor Rivadavia 1. Las otras tres se negaron a responder preguntas.
La Justicia comenzó este martes con la ronda de indagatorias a integrantes y dirigentes del Polo Obrero acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Se trata de la misma causa en la que se investiga una posible defraudación al Estado por parte de la organización que conduce Eduardo Belliboni, al desviar parte de los millones que les bajaba el ex Ministerio de Desarrollo Social a dos empresas acusadas de hacer facturas truchas.
De las cuatro dirigentes del Polo Obrero que debían declarar, solo una aceptó responder preguntas: se trata de Elizabeth Galindo Mamani, que cumplía el rol de “delegada” en uno de los comedores que manejaba la organización. La mujer reconoció que les exigía a los beneficiarios un porcentaje de lo que cobraban del Potenciar Trabajo.
Mamani cumplía tareas en el comedor “Rivadavia 1″ y tenía una misión asignada: cobrar las cápitas. Así lo muestra una de las capturas de mensajes expuestas en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita: “Hola compañeros, paso a recordarles que mañana estaré cobrando las capitas del Potenciar de 08.30 a 14.30hs. Ponerse al día”. En otras palabras, su función era cobrar una suma de dinero que se usaba para “sostener” al comedor. Lo cierto es que el destino final de esa plata es, por ahora, un misterio.
Ante los integrantes de la fiscalía de Gerardo Pollicita y del juzgado de Sebastián Casanello, Mamani reconoció haber llevado adelante esas maniobras extorsivas a través de la que -en algunos casos- se les sacaba entre $2000 y $3000 a cada uno de los beneficiarios del programa social.
El comedor Rivadavia I, para el que trabajaba Mamani, está ubicado en Camilo Torres 2066, en la Ciudad de Buenos Aires. Su referente es Iván Ezequiel Candotti, que también debe declarar en el marco de la causa.
La Justicia lo que busca confirmar es si el cobro de un porcentaje del plan Potenciar Trabajo fue una acción aislada o coordinada en todo el país. Para uno de los investigadores hay datos de sobra que prueban que el Polo Obrero llevó adelante una acción sistemática de cobro ilegal de cápitas. Las indagatorias, que comenzarán a partir del 18 de junio, serán claves en este sentido.
Además de Mamani, el martes se presentaron ante la Justicia otras tres mujeres ligadas al Polo Obrero: Brisa Noelia Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Las tres se negaron a responder preguntas. Las primeras dos solo atinaron a exponer cuáles fueron los motivos por las que se acercaron a estos comedores: hablaron de su situación de vulnerabilidad y problemas familiares. Nada vinculado a la causa. “Hasta ahora solo confirmaron lo que ya se sabía, no hubo datos reveladores”, aclaró una fuente.
Este miércoles 12 de junio se presentó otro grupo más de dirigentes del Polo Obrero acusados de llevar adelante más acciones extorsivas. Pero lo cierto es que en la semana del 18 de junio las indagatorias adquirirán una relevancia mucho mayor, ya que comenzarán a desfilar por los tribunales dirigentes acusados de administración fraudulenta de los millones que el Estado les envió a través de los convenios firmados con el ex Ministerio de Desarrollo Social. Ese día se presentará a declarar Jeremías Cantero, número 2 del Polo Obrero, entre otros.
El 19 lo harán Elizabeth del Carmen Palma, que en una de las escuchas en la causa muestra su preocupación ante la posibilidad de que se investigue por lavado de dinero a la cooperativa El Resplandor Limitado, vinculada al Polo Obrero. La Justicia cree que parte de la plata que se le sacaba a los beneficiarios iba a parar a esta cooperativa.
El 25 de junio será un día clave en el caso: tendrá que declarar Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero; Maria Dotti, a la que le secuestraron 54 mil dólares en el allanamiento en su casa y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, investigada por hacer facturas truchas para justificar gastos inexistentes del Polo Obrero.
Supuestas facturas truchas, millones desviados y gastos sin rendir: la Justicia investiga posible defraudación al Estado
La Justicia investiga si el Polo Obrero desvío al menos $25 millones a dos empresas que hacían facturas truchas para justificar gastos inexistentes de lo que recibía como unidad de gestión del Potenciar Trabajo y de esa manera ocultar el destino final del dinero. Las dos firmas son Rumbos y Coxtex. Sobre esta última, el pasado viernes la Justicia decretó la inhibición de sus bienes, cuentas y cajas de seguridad.
Coxtex fue identificada como una empresa falsa, creada exclusivamente para emitir facturas apócrifas y ocultar el destino final del dinero. La AFIP confirmará en los próximos días que Rumbos también es una compañía falsa. Esta compañía está complicada también por otra cuestión: parte del dinero desviado regresó al Partido Obrero a través de aportes institucionales y electorales de Rumbos. La Cámara Nacional Electoral confirmó que $18 millones fueron devueltos bajo este concepto.
Además, la Justicia también está investigando a los dueños de Coxtex y a otras tres empresas supuestamente fantasmas fundadas por estas personas para rastrear el destino final del dinero. La semana pasada, la investigación comprometió a María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, cuyas firmas aparecen como los fundadores de cuatro empresas que son investigadas por la creación de facturas truchas. Además, se pudo conocer que Pichuaga habría cobrado $40.000 por firmar como titular.
(TN)
